Plantearán intervención de la Gobernación de Central, pero temen “que los números no alcancen”

AREGUÁ. Concejales liberales presentarán este jueves a la Junta Departamental de Central el pedido de intervención a la administración del gobernador cartista Hugo Javier González con motivo de la imputación del mismo y de otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, con relación a la ejecución del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000). Los votos decisivos dependen de un liberal y de un patriaqueridista.

Reparación d e aula Tadeo Álvarez estuvo al mismo tiempo en el Centro Educativo Carmen Castro de Lara de Itauguá y en la plaza Santa Anta de San Lorenzo
Hugo Javier González, de remera verde, en San Lorenzo.

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El concejal liberal Adrián “Billy” Vaesken, uno de los denunciantes de la clonación de las facturas, manifestó que este jueves él y sus pares Roque Ávalos, Daniel Ferreira, Laura Moreira, Derlis Larroza, Benita Jara, Dilio Ortiz, Jorge Rolón y Atilio López presentarán el pedido ante la Junta Departamental que es presidida por el también liberal Mario Aguilera, leal y defensor acérrimo del gobernador Hugo Javier.

Vaesken afirmó que espera “que los concejales Mario Aguilera del PLRA y Miguel Villagra de Patria Querida entiendan que ellos también son la oposición”. Agregó que los votos de ambos serán decisivos para lograr el objetivo, ya que la Junta Departamental está conformada por 21 concejales, de los cuales 10 son liberales, uno de Patria Querida y otros 10 son colorados. Tememos “que los números no alcancen”, aseguró.

Refiriéndose a Hugo Javier, Billy Vaesken señaló que “nadie tiene nada en contra del gobernador” y desmiente que se trate de una persecución política como, en principio, el administrador departamental pretendió instalar. Además, mencionó que la imputación del Ministerio Público por presunto desvío de fondos contra Hugo Javier y otras 14 apersonas confirma las sospechas y denuncias que se habían hecho y que “por ética (el gobernador) debería dar un paso al costado de la Gobernación”.

“Ante esta alarmante noticia (la imputación) que da la Fiscalía General de la República, nosotros estamos más convencidos que nunca, de que el gobernador de Central, electo por voluntad popular, debe dar un paso al costado, no puede seguir administrando. Prácticamente todo su gabinete, todas sus personas de confianza han sido imputadas, fueron investigadas por hechos delictivos”, manifestó Vaesken.

Liberal salvó al gobernador

En julio de este año, algunos de concejales opositores citados más arriba ya habían planteado el pedido de intervención sobre el mismo caso, pero en esa ocasión los ediles de la ANR (Partido Colorado) Derlis Maciel, Gustavo Machuca, Alejandro Núñez, María Sixta Estigarribia, Enrique Ojeda, Emilse Bobadilla, Crispín Vallejos, Walter Maciel, Jadiyi Ibarrola y Óscar Delvalle, además del liberal Mario Aguilera -presidente de la Junta Departamental- votaron por el rechazo del pedido de intervención a la administración del gobernador Hugo Javier González (ANR).

Sorpresivamente, los concejales del opositor PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico) Jorge Rolón y Atilio López, al igual que el edil Miguel Villagra del Partido Patria Querida, habían votado a favor del pedido.

Miembros de la bancada colorada de la Junta argumentaron que la Constitución Nacional avala su decisión, y que se necesita primero un dictamen final de la Contraloría General de la República que afirme que se cometieron hechos de corrupción para pedir una intervención. Restaron importancia a la denuncia penal de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Imputación

El fiscal Rodrigo Estigarribia imputó ayer al gobernador de Central, Hugo Javier González, cartista y a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en el caso del uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000), fondo de emergencia sanitaria por covid-19. El Ministerio Público confirmó la senda de irregularidades.

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