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Horas de turbulencia para la diplomacia se vivieron la semana pasada entre Paraguay, Colombia y México. El exlíder guerrillero colombiano Rodrigo Granda aterrizó y permaneció por varias horas en el aeropuerto de Ciudad de México hasta que fue expulsado del país sin cumplirse con el pedido paraguayo de código rojo y captura internacional para responder por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Apenas llegó a Colombia, Granda desafió: “No tenemos miedo de salir a ningún lado porque no debemos nada”.
El caso encendió las alarmas del tribunal de Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia, mencionado por el propio Granda como el que le dio permiso para viajar. Ahora se sabe que el citado tribunal transicional preparó un reporte en julio pasado sobre sus avances en el caso contra Granda y que lo envió, por intermedio del gobierno colombiano, el 22 de septiembre al Paraguay.
Nada llegó
Como prueba del envío a Paraguay, el ministro de Justicia colombiano Wilson Ruiz exhibió la carta de la JEP, la misiva del Ministerio a la fiscala general paraguaya y el reporte del servicio postal. Pero no parece haber llegado a Asunción.
“No llegó ninguna carta de ningún tipo. Hice el chequeo inclusive con el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional por si la misiva hubiera ingresado por ese lugar pero nada tenemos. No llegó nada a Paraguay vía diplomática, los únicos informes que suelo recibir son los de la señora Michelle Bachelet, actual comisionada para los derechos humanos de la ONU”, confirmó a ABC Color el canciller Euclides Acevedo ante la pregunta de si recibieron o no un informe de los colombianos en el mes de agosto.
En los mismos términos se manifestó el fiscal especializado en Asuntos Internacionales Manuel Doldán, quien ratificó a nuestro diario que nada saben del susodicho informe, pese a que la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público fue copiada en la carta colombiana. “No estamos al tanto de la carta, no tenemos conocimiento ni en Asuntos Internacionales y hasta donde sé tampoco en la Fiscalía General ni con los fiscales a cargo del caso Cecilia Cubas. Si hubo transmisión, tuvo que ser diplomática” aseveró el fiscal.
La fiscala general, Sandra Quiñónez, que ganó notoriedad por encabezar la investigación original del caso hace 17 años, no respondió a preguntas de JusticeInfo y La Silla Vacía, medios con los que ABC Color colaboró en esta historia, pese a que la carta del Ministerio de Justicia colombiano del 22 de septiembre fue dirigida a ella. Quiñónez pidió enviar las preguntas a su periodista de cabecera, Ignacio Martínez, quien tampoco las respondió.
El reporte que debió haber llegado ya hace un mes al país incluía un informe del tribunal transicional colombiano donde daba cuenta de los avances con su macro caso sobre miles de secuestros cometidos por las FARC. El informe no solamente nunca llegó sino que además la semana pasada se armó una tormenta diplomática porque el propio exguerrillero Rodrigo Granda, mientras estuvo detenido en México, dijo que la JEP lo autorizó a viajar.
Paraguay tiene un código internacional rojo de captura vía Interpol sobre Granda por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinsky.
Qué decía la carta
El informe que el tribunal transicional quería que Paraguay supiera reportaba que ya están en fase de acusación contra ocho excomandantes de las FARC por los miles de secuestros cometidos, entre ellos, Rodrigo Granda con orden de captura en Paraguay por el secuestro y asesinato de Cecilia. También informaban que la calificación jurídica decidida por el tribunal es que esos secuestros fueron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la más alta en el derecho internacional. Aseguraban que en abril de este año, Granda aceptó los cargos de la JEP e hizo una manifestación de voluntad de aportar verdad en el caso Cubas.
Esa carta que Paraguay debió recibir decía que pronto se formalizarán los cargos y que el Tribunal luego le impondrá su sanción. La justicia transicional colombiana determinó que, aunque Granda no tenía mando sobre las estructuras militares de la guerrilla que cometieron estos secuestros, estuvo en el pleno donde adoptaron la política de secuestro y, por lo tanto, fue también responsable de esa decisión.
Si Granda cumple con las cuatro condiciones de reconocer su responsabilidad, aportar verdad, reparar a las víctimas y no volver a delinquir, le espera una pena no carcelaria pero con restricción efectiva de libertad de 5 a 8 años. Si no las cumple, recibirá una pena en prisión de 15 a 20 años.
Ha pasado un mes de la fecha en que el Ministerio de Justicia colombiano dice haber enviado la carta, aunque la misma no fue recibida ni por la Cancillería ni por el Ministerio Público de la República del Paraguay.
Un punto clave que tendría que haber comunicado Colombia a Paraguay es la decisión expresada formalmente por el propio Rodrigo Granda de colaborar con la justicia paraguaya para aportar los datos que sean necesarios para aclarar el crimen.
Su importancia
El impasse diplomático de la semana pasada en México subraya una paradoja importante: ¿quién debería juzgar al exjefe guerrillero?
“Por eso la cooperación es tan importante para comunicarles a los otros países lo que estamos haciendo para investigar los crímenes más graves y que nos den la oportunidad de transitar hacia la paz”, dice Mónica Cifuentes, quien fue la gerente jurídica del proceso de paz colombiano.
La carta que no se sabe si llegó podría ser el primer paso en esa cooperación.
Según reporta el periodista Andrés Bermúdez desde Colombia, la gerente jurídica de la negociación Mónica Cifuentes afirmó que la cooperación es importante para comunicar a otros países lo que se está haciendo. La no entrega de la misiva de la JEP al Paraguay no es el primer caso con un gobierno extranjero: anteriormente se armó un escándalo internacional cuando se descubrió que una comunicación enviada a Estados Unidos quedó atascada en Panamá. En ella la JEP pedía acceso al acervo probatorio contra el exjefe guerrillero Jesús Santrich para entender si era viable una extradición.
Cecilia Cubas fue secuestrada el 21 de setiembre del 2004 por el EPP. Dos meses después de que los secuestradores se llamaron a silencio se la encontró muerta en un túnel de una casa de Ñemby. La joven habría sido arrojada allí dentro mientras aún estaba viva.
Durante los sucesivos juicios se pudo demostrar con pericias técnicas cómo Rodrigo Granda se comunicaba con los secuestradores del EPP asesorando para el secuestro y cómo negociar el cobro de rescate. Los fiscales han acusado al colombiano de estar tras el correo trotador505@hotmail.com mientras el ya fallecido Osmar Martínez usaba musguero@hotmail.com.
Los correos fueron profusos antes, durante y después del secuestro y asesinato de Cecilia. También fueron detectados contactos con Raúl Reyes, otro de los líderes guerrilleros ultimado en Ecuador.
JusticeInfo y La Silla Vacía