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Con respecto a la detección de municipios y una gobernación que estaban operando con facturas clonadas o falsas, el director de la DNCP explicó qué tipo de intervención tuvo la institución a su cargo en este caso.
Relató que tuvo comunicación con el ministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y que el caso saltó en el ámbito tributario como un cruce de información entre costos y facturación que detectó la SET.
Aseguró que ya comenzaron a trabajar desde hace aproximadamente un mes y medio en la investigación de estos hechos irregularidades.
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El superproveedor
En el marco de las pesquisas, detectaron que el proveedor identificado como Cristino Jara es el que figura como el que firmó contrato con varios municipios. Para ser más específicos, firmó 295 contratos desde 2014 a 2021 por un valor total de G. 57.000 millones.
Ante este valor muy alto, ahora están inspeccionando los contratos uno por uno, verificando la ejecución de los mismos.
Contrataron, pero no gastaron nada en ejecución
Lo que llamó la atención a la SET es que la proveedora no tenga costos, es decir, que no haya comprado “ni un ladrillo” para ejecutar todos esos contratos. Por eso se va a verificar si realmente se ejecutaron o si fue un mero pase de papeles.
“Estamos frente a un posible esquema muy complejo y grave si se da el peor escenario. Si un proveedor del Estado no presenta tributariamente gastos en su contabilidad hay un indicio importante de que no se ejecutó el contrato”, expresó Seitz.
Reconoció que sentarán un precedente al hablar de tantos contratos por parte de un solo proveedor.
Según Seitz, fácilmente el proveedor Jara trabajó con 20 instituciones públicas.
Los contratos supuestamente ejecutados son de obras pequeñas, mantenimiento de edificios, etc.
Huella documental es clave
Si bien reconoció que los de mantenimiento son contratos de difícil control de la institución, porque se van haciendo tareas de a poco, sostuvo que al menos tendría que haber una cadena de documentos que demuestre que se haya hecho el servicio de mantenimiento. “La huella documental permite detectar las irregularidades”, recordó.
Enfatizó que no se habla solamente de un vicio administrativo de parte del funcionario, sino que esto va al ámbito penal, y la fiscalía tendrá intervención en este caso.
Opinó que la vinculación entre sistemas de control tiene que ser mucho más de lo que hoy en día es, pues “necesitamos operar rápido el cruce de información”, para poder detectar casos como estos. “Tendría que ser automático”, reflexionó Seitz.
Un trabajo largo
Resaltó que el control físico de los contratos llega a 140 al año normalmente, por lo que para verificar estos 295 contratos se requerirá un trabajo mucho mayor.
“Se determinará también la responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos encargados del proceso de contratación. Hay más proveedores, la investigación tributaria sigue en curso”, mencionó finalmente el titular de la DNCP.