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El Tribunal Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Elsa García, Claudia Criscrioni y Yolanda Morel fijó el juicio oral de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini para el 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 abril y del 2 al 5 de mayo de 2022. Las audiencias iniciarán a las 8:00.
El apoderado y la presidenta de Imedic SA están acusados junto al despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra por los supuestos hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, delitos que en conjunto tienen una expectativa de pena de hasta doce años de pena privativa de libertad.
También afrontarán juicio oral los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Adolfo Acosta Acosta, pero por la presunta comisión de delitos señalados en el Art. 337 de la Ley 2422/04 “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”, en calidad de autores.
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Según el fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, la firma Imedic S.A defraudó al fisco con el ingreso ilegal al país de las 50 camas hospitalarias de alta gama, que fueron compradas previamente de la empresa panameña Máster House por un total de US$ 142.500.
Antecedentes
La acusación señala que en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000, camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, por un total de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril de 2020 arribaron a Paraguay no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y la cantidad excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron a nuestro país.
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Para ello, el despachante Carlos Alberto Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, que durante la investigación se comprobó que no era auténtica.
Según el Ministerio Público, los funcionarios de la Dirección de Aduanas Molinas Camp y Acosta Acosta permitieron la inclusión de las citadas camas en el despacho de importación y su posterior salida, sin que las mismas cuenten con la autorización de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.