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¿Por qué la Contraloría General de la República no investigó la correspondencia de las declaraciones juradas de un perfil tan importante con el del empresario y expresidente Horacio Cartes hasta ahora? ¿Cuáles son los criterios para investigar a un funcionario público? El director general de Control de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, respondió este miércoles en conversación con ABC Cardinal que no tienen la capacidad para controlar a todos.
La autoridad de la Contraloría dijo que ya estaba en planificación un control de los documentos presentados por Horacio Cartes en 2013 y 2018 como parte de sus declaraciones juradas, que recientemente rectificó porque “olvidó” colocar una empresa de maletín creada en Panamá que figuró en la filtración de los Pandora Papers.
Torres explicó que los controles se hacen porque los funcionarios toman la decisión de verificar solo de forma específica, con pedidos desde el Congreso, denuncias anónimas o periodísticas. “Nosotros al ver las denuncias a través de la prensa, las denuncias anónimas en la CGR, implementamos (la verificación). También desde este año tenemos un perfil de riesgo, como aduaneros, militares... No podemos estar abocados solo al pedido del Congreso”, reconoció.
El director de DD.JJ. añadió que solo tienen 15 funcionarios para hacer este tipo de controles y verificaciones. Cabe recordar que el expresidente Cartes, pese a haber “omitido” su offshore, pudo incluirla sin problemas el jueves pasado, recién después de conocerse la investigación periodística internacional.
Antes no revisaron declaraciones de Cartes, pero ahora sí
Torres insistió en que el contralor Camilo Benítez ya dio el visto bueno para arrancar la revisión de los documentos del expresidente. Sobre una potencial denuncia, volvió a decir que no pueden hacerla a no ser que encuentren diferencias entre los bienes declarados. “No iniciamos una verificación y es un poco difícil hablar de esto (denuncia al Ministerio Público). Tenemos que hacer las verificaciones de las DD.JJ. íntegramente para poder enviar”, sostuvo.
El funcionario señaló que no tienen la capacidad de revisar todas las declaraciones a la vez. “Se presentó un proyecto de ley para obligarle a las instituciones públicas para acceder a los documentos para acelerar el proceso. Ahora demora entre 3 y 6 meses. Hacemos los pedidos a las entidades privadas”, sostuvo.
Finalmente, Torres dio a entender que no pueden usar un documento de un ente privado como Alpax, una empresa que revisó todos los bienes de Horacio Cartes, e indicó que deben elaborar uno propio en el caso de avance una potencial investigación.