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Alvaro Lasso y Guillermo Casado Amezua Lasso son dos españoles con varias empresas en nuestro país y contra quienes en 2013 se inició una investigación penal por un presunto negociado en la compra de helicópteros para la Policía Nacional, proceso en el cual también fue incluido el exministro del Interior Rafael Filizzola.
Los mencionados extranjeros siempre tuvieron buenos vínculos con influyentes políticos y abogados en Paraguay. Por ejemplo, entre sus asesores jurídicos han estado el exjefe del Gabinete Civil de la Presidencia y exministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y el exprocurador General de la República, Sergio Coscia, ambos altos funcionarios estatales durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.
El 23 de mayo de 2013 comenzó el proceso penal con la imputación contra Lasso, Casado Amezua, Filizzola y otros por presunto negociado en la compra de 4 helicópteros usados (segunda mano) para la Policía Nacional. El contrato significó unos G. 47.890 millones y estuvo salpicado por sospechas de sobrecosto y denuncias de que la mitad de las aeronaves ni siquiera estaban operativas.
Tres meses después de iniciado el proceso penal, el 19 de agosto de 2013, se inscribió ante los registros públicos de Panamá una empresa denominada Striem Investments S.A, a través de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un agente especializado en la creación de offshores en países con laxos controles financieros. Alcogal aparece en los Pandora Papers como uno de los proveedores financieros más utilizados por políticos en América Latina.
Según consta en Registros Públicos de Panamá y reportes de Alcogal, inicialmente la empresa declaró un capital de US$ 10.000 y hasta ese momento parecería irrelevante para esta historia, ya que como responsables de la misma aparecían Edgardo Díaz (presidente) y los socios Gina Martínez y Fernando Gil, todos ellos nombres facilitados como directivos por la misma consultora Alcogal.
Y de repente el movimiento
La offshore no reportaba una actividad considerable y no se apreciaba ninguna aparente relación con los empresarios asentados en nuestro país. Esto empezó a cambiar a partir del 4 de abril de 2014, cuando, en Asamblea de Striem Investments se propuso, y el 11 de abril de ese año se aprobó, el aumento de capital de la empresa a US$ 1.000.000.
Esto se debió en paralelo al avance de la investigación fiscal y una inminente acusación y elevación a juicio del caso helicópteros. En cuestión de semanas se concretó el aumento de capital y la decisión de venta de acciones por el total del millón de dólares.
El 17 de abril de 2014 se decidió la emisión de dos bonos de 500.000 dólares en acciones de la empresa Striem Investments. Según los documentos de registros de Alcogal, Lasso Génova y Casado compraron una acción de medio millón cada uno, respectivamente, y desde ese momento empezaron a estar vinculados formalmente a la empresa.
Cuentas en AndBank de Bahamas
El 23 de mayo de 2014, la Fiscalía en nuestro país acusó formalmente y pidió juicio para los citados empresarios españoles y el exministro Filizzola. En asamblea de Striem Investments del 23 de septiembre de 2014, se autorizó a Lasso y a Casado la apertura y gestión de una cuenta en el banco Andbank de Bahamas, otro paraíso fiscal.
Un día después Alcogal gestionó la apertura de la cuenta en Bahamas y fue reportando periódicamente a Alvaro Lasso sobre las gestiones relacionadas a la empresa. La correspondencia sobre Striem Investments iba dirigida a la misma dirección en la que están registradas en nuestro país las oficinas de Proibérica S.A., casualmente la empresa que vendió los helicópteros al Estado paraguayo.
El 17 de julio de 2015, por ejemplo, remitieron toda la documentación relacionada a la compra de acciones y el 8 de noviembre de 2015, Alcogal tramitó que la empresa contable española Privatia Consulting gestione las acciones de Striem Investments.
Lasso y Casado no llegaron a ser condenados en este caso, puesto que el año pasado fueron beneficiados con la declaración de extinción de la causa, decisión que se ratificó este año. Ante medios españoles, Lasso presentó el caso como una cuestión de “persecución política” del que salieron sobreseídos, pero realmente ninguno de los acusados nunca pudo ser juzgado.
Detrás de otras polémicas
Los españoles mencionados son parte además de otras controvertidas empresas desde las cuales entraron en litigio con instituciones del Estado, como el caso de Ivesur (encargada de verificación técnica vehicular en Asunción y otras localidades) o Grupanor Cercampo S.A. (intermediaria en un contrato entre el gobierno español y el paraguayo para financiar exportación de bienes y servicios españoles en proyectos de interés del estado paraguayo). Tanto el caso de los helicópteros como la intermediación de Grupanor Cercampo ocurrieron durante el gobierno de Fernando Lugo.
Lo más llamativo es que pese que sus empresas tenían sospechas de irregularidades en contratos con el Estado, siempre salieron bien parados. En 2010, en el cuestionado caso de Grupanor Cercampo SA, ganaron una demanda al Gobierno paraguayo por supuesto incumplimiento de contrato por valor de US$ 2,8 millones, aunque finalmente decidieron supuestamente desistir del cobro de una parte de ese dinero.
También vinculados al caso Ivesur
Luego del escándalo de la compra de helicópteros, Lasso y Casado se vieron envueltos en un litigio judicial con la Municipalidad de Asunción, que tampoco estuvo exento de controversia, en ese caso a través de otra empresa relacionada a ambos, Ivesur.
Aunque actualmente el representante legal de Ivesur (nombre de fantasía de la empresa ITV S.A.) es Diego Enrique Cabral, Lasso sigue figurando como presidente y accionista. Esta empresa fue adjudicada con el servicio de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en la Capital y planteó en el 2015 un arbitraje judicial, exigiendo una millonaria “indemnización” de la comuna capitalina por supuestos daños económicos ya que la municipalidad no exigía ITV a los vehículos de otros municipios que ingresaban a la ciudad.
La Municipalidad de Asunción fue obligada judicialmente a pagar más de G. 18.975 millones y la decisión no se apeló a tiempo, ya que el entonces asesor jurídico de la Comuna, el también excontralor Enrique García, presentó fuera de plazo el documento de apelación. Por ese caso, García está acusado y a espera de juicio por producción y uso de documentos no auténticos, ya que habría intentado fraguar los papeles para simular que sí presentó a tiempo la apelación contra el fallo.
Ivesur renunció a cobrar la deuda, pero a cambio logró la renovación de la concesión por otros 10 años. El caso Ivesur también estuvo envuelto en el escándalo de los audios filtrados que desnudaron el manoseo judicial que era liderado por el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher.
En conversaciones telefónicas filtradas se escuchaba al secretario de OGD en el JEM, Raúl Fernández Lippmann y a la fiscala Nadine Portillo, fiscala del caso Ivesur, relatar cómo recibía a emisarios del excontralor para dilatar su proceso. Ya sin González Daher al frente del JEM, la fiscala fue enjuiciada por mal desempeño en sus funciones, ya que se observó que evitó imputar a García y realizar diligencias que correspondían en la causa.
Dice que gestionó empresa que “nunca utilizaron”
ABC Color contactó por correo electrónico con el empresario Álvaro Lasso Génova, a través de su actual abogado, Federico Huttemann, y confirmó que la empresa offshore les pertenece, pero dijo que supuestamente nunca tuvo actividad.
Al ser consultado sobre si llegaron a registrar alguna actividad formal con dicha compañía, refirió que “no se llegó a desarrollar ninguna actividad por falta de financiamiento”.
ABC Color le consultó también: ¿Realizó ud. una compra de acciones por US$ 500.000 de Striem Investment? ¿Por qué optó hacerlo en ese momento (abril de 2014), cuando estaba siendo investigado por la Fiscalía de nuestro país por el caso helicópteros?.
Al respecto refirió que “no hubo desembolso ni integración de capital alguno, solo se aumentó sin integración”.
Finalmente, al ser preguntado respecto a si sigue manteniendo activa la empresa y también la cuenta en el banco Andbank de Bahamas, manifestó que “la cuenta no tuvo ingresos ni movimientos y se cerró y no se abrió cuenta en otro banco”. También dijo que recurrieron a la proveedora Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) para las gestiones “por ser de reconocido prestigio”.