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Con más de 60 votos cartistas, abdistas, patriaqueridistas, un grupo de liberales y diputados del Partido Hagamos, la Cámara de Diputados sancionará el proyecto de ley que castiga con 10 años de cárcel a los invasores de la propiedad privada.
El artículo 142 acerca de la invasión del inmueble ajeno señala: el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años.
Asimismo, cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizara con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años.
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El proyecto de ley cuenta con media sanción del Senado y en Diputados existen los votos de sobra para aprobar el proyecto de ley y enviar al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
El único legislador que hasta ahora manifestó su oposición al proyecto de ley es el diputado Pastor Vera Bejarano, líder de la bancada “C” del PLRA. Mientras que las diputadas Kattya González y Norma Camacho, del Partido Encuentro Nacional (PEN), se abstendrán al momento de la votación.
Oposición
El diputado Vera Bejarano había señalado que aumentar los años de cárcel no hará que haya menos ocupaciones, incluso dijo que no apoyará “ninguna hipocresía”, refiriéndose al proyecto de ley que aumenta hasta a 10 años la pena por invasión de tierras.
El legislador del departamento de San Pedro sostuvo que el endurecimiento de las penas es una acción “populista”, más aún si es realizada sin el conocimiento de los efectos que pueden generar.
Indicó que la ausencia de fundamentos criminológicos válidos del proyecto se evidencia en la exposición de motivos. Consideró que resulta popular para ciertos sectores promover iniciativas de endurecimiento punitivo para algunos delitos queriendo hacer creer que el incremento de las penas es la forma apropiada de enfrentar problemas sociales complejos, había señalado.
Otro de los diputados que abiertamente se muestra defensor de los grupos de campesinos es el diputado Carlos Silva (PLRA). Mientras que la bancada llanista en bloque apoyará el proyecto de ley.
Se declararon defensores
El 2 de septiembre pasado, la Cámara Baja se declaró defensora del derecho a la propiedad privada, y ratificó que la misma es inviolable, así como lo establecen la Constitución Nacional y los Códigos Civil y Penal de nuestro país, con respecto a la propiedad privada.
El pronunciamiento de la Cámara surgió en momentos en que los senadores debatían sobre el proyecto de ley que pretende tipificar como crímenes las invasiones. En aquella oportunidad, el diputado Édgar Acosta (PLRA) había planteado, sin éxito, incluir en el proyecto de declaración la recuperación de las tierras malhabidas.