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En la lista de exonerados correspondiente al consumo del mes de abril de 2020 aparecen cuatro senadores, cinco diputados, dos gobernadores, dos parlamentarios del Mercosur y 12 concejales departamentales, además de autoridades suplentes. La ANDE dio a conocer el listado de los beneficiarios al responder una solicitud de acceso a la información pública.
La Ley Nº 6524 de Emergencia no hizo distinción de los sectores beneficiados. Se limitaba a establecer la exoneración a todos los usuarios cuyos consumos mensuales hayan sido hasta 500 kWh, lo que representa una facturación de hasta G. 222.101. En tanto que el artículo 26 del Decreto Presidencial N° 3506, que reglamentó la mencionada ley, también especificaba que para poder acceder al subsidio el promedio del último año (marzo 2019-febrero 2020) no debía superar los 500 kWh/mes.
El consumo fue facturado y lo cubrió el Ministerio de Hacienda. Se pagó a través de los préstamos que contrajo el Gobierno, autorizados por el Congreso, para hacer frente a la crisis sanitaria y económica.
En seis meses de exoneraciones, el subsidio totalizó US$ 96,9 millones y abarcó a casi el 80% de todos los usuarios de la ANDE, según dio a conocer la entidad.
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El subsidio a los usuarios de la ANDE se pagará con intereses y se cubrirá con los impuestos de todos los ciudadanos. Pero los casi US$ 97 millones incluyó a sectores que no fueron afectados económicamente por la crisis como autoridades y funcionarios públicos que siguieron cobrando normalmente sus salarios, reveló un cruzamiento de datos a cargo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
En el enlace https://controlciudadanopy.org/sources/1 la ciudadanía puede acceder al listado de los exonerados de la ANDE, al portal Control Ciudadano, desarrollado por IDEA: COVID - Facturas exoneradas de la ANDE. La página web cuenta con herramientas como un motor de búsqueda y recopila una serie de datos de fuentes públicas de información para promover la transparencia y el control ciudadano.
Autoridades exoneradas
La lista de senadores que aparecen como titulares de inmuebles con conexión a la ANDE y que fueron beneficiados con la exoneración es encabezada por el expresidente de la República y extitular del Congreso, Fernando Armindo Lugo Méndez (Frente Guasú). Le siguen Juan Darío Monges Espínola (ANR), Juan Bartolomé Ramírez Brizuela (PLRA) y Agustín Amado Florentín Cabral (PLRA).
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Igualmente aparece como exonerado el exsenador Jorge Antonio Oviedo Matto (Unace), quien renunció en septiembre de 2018 tras escraches ciudadanos en su contra y está a la espera de juicio por presuntos hechos de corrupción.
También se encuentra exonerado el diputado y expresidente de la Cámara Baja, Miguel Jorge Cuevas Ruiz Diaz (ANR), imputado por sospechas de corrupción durante su administración como gobernador de Paraguarí (2013-2018).
Sus otros colegas beneficiados son los diputados Marcelo Rafael Salinas González (PLRA) de Central, Emilio Pavón Doldán (PLRA) de Concepción, así como los representantes de Cordillera Carlos María López López (PLRA) y Nazario Tomas Rojas Salvioni (ANR). Rojas Salvioni cuenta con tres inmuebles exonerados, en tanto que Carlos López dispone de dos. De igual forma aparece el diputado suplente por Caaguazú Jorge Benítez Barreto (PLRA).
Diputados y senadores tienen un ingreso de G. 32.774.840 al mes, entre dieta y gastos de representación, de acuerdo a datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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Parlasurianos
De igual forma dos parlamentarios del Mercosur accedieron al subsidio: Edith Graciela Benítez de Dávalos (ANR) y Jorge Ignacio Baruja Fernández (ANR), este último con dos inmuebles exonerados. Al igual que los congresistas nacionales, los parlasurianos tienen un ingreso mensual de G. 32.774.840. Además, el parlasuriano suplente por la ANR, Julio César Egusquiza Irún, también aparece como beneficiario. Es un funcionario en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), según la nómina de funcionarios de la hidroeléctrica. No se detallan sus ingresos, pero según su categoría (F6), la escala salarial vigente de la EBY y las bonificaciones, percibe al menos G. 19.880.000 por mes.
También concejales departamentales
Entrando ya con los gobernadores, está el jefe departamental de Canindeyú, el exfutbolista César “El Tigre” Ramírez Caje (ANR), con tres inmuebles exonerados. También el gobernador de Alto Paraná, Roberto Luis González Vaesken (ANR). De acuerdo a la SFP, este último percibe G. 35.743.791 al mes, mientras que César Ramírez tiene un ingreso de G. 21.928.390 mensuales.
En tanto que los concejales departamentales exonerados son: Aníbal Antonio Oliver Lombardo (Paraguarí), Braulio Moreno González (Paraguarí), Arístides Javier Saldívar Orrego (Cordillera), Diosnel Colmán Ozuna (Canindeyú), Elvio Rubén Benítez Ayala (Alto Paraná), Gustavo Andrés Duarte González (San Pedro), Milciades Rubén Espínola Romero (Caaguazú), Víctor Aquino Alvarenga (Caaguazú) y Óscar Antonio Jiménez Jara (Caaguazú). También aparecen los ediles Enrique Ojeda Franco (Central), Ligia Noria Duarte (Canindeyú) y Perazú Alfonzo Ávalos (Caaguazú), quienes tienen dos inmuebles cada uno.
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Todos estos concejales tienen ingresos mensuales de entre G. 8.450.000 y G. 9.750.000, en concepto de dieta y gastos de representación, según datos de Función Pública. En el caso del caaguaceño liberal Óscar Jiménez, como también es docente en la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca), llega a percibir del sector público G. 10.680.000 mensuales.
Además, hay seis concejales departamentales suplentes que de igual forma accedieron al subsidio de la ANDE. De estos, cuatro son funcionarios públicos activos.
El edil suplente de Misiones, Yamil Juvencio Benítez Maidana, está en el Ministerio de Educación y Culto (MEC) y tiene un ingreso de G. 7.846.000 al mes. Germán Adolfo Feldman Benítez, también de Misiones, es funcionario en el Instituto de Previsión Social (IPS) y docente en el MEC con una remuneración total de G. 6.662.000.
Nicolás López Cristaldo, de Amambay, percibe de los ministerios de Salud y Educación la suma de G. 8.534.000. En tanto que Hugo Javier Ferreira Cano, de Cordillera, es funcionario en la Contraloría General de la República con un salario de G. 5 millones.
¿Qué dice la ANDE?
Consultado sobre estas exoneraciones a autoridades, el gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, señaló que la Ley 6524 de emergencia sanitaria había establecido la posibilidad de la exoneración a los clientes de ANDE de baja tensión, cuyo consumo no exceda 500 kWh mensual. “La ley no establecía que sea un requisito tener bajos ingresos, no tenía criterios de selectividad. Solamente tenía en cuenta que sean clientes de baja tensión y que su consumo no exceda a 500 kWh por mes”, indicó.
Por tanto, lo que la ANDE hizo fue que a todos aquellos que se encontraban dentro de esa franja, se les exoneró del pago por el consumo de energía eléctrica. “No tuvimos ningún caso de renuncia a este beneficio”, añadió.
Tienen tarifa social de forma irregular
Otro detalle que se desprende de los datos proveídos por la ANDE a través del pedido de acceso a la información es que el diputado liberal suplente de Caaguazú, Jorge Benítez Barreto, al igual que el concejal departamental de Caaguazú por el PLRA, Víctor Aquino, cuentan con la tarifa de consumo social. Pero este beneficio está destinado exclusivamente a familias en situación de pobreza y pobreza extrema con subsidios que van desde el 75% al 25% por un consumo inferior a 300 kWh/mes, de acuerdo a la Ley Nº 3480/2008.
En el caso del edil Víctor Aquino, cuenta con un ingreso mensual de G. 9.721.757, según datos de la SFP.
El resto de las autoridades mencionadas, en su mayoría, cuentan con la tarifa de “consumo residencial o doméstico”, destinado a viviendas. En tanto que hay seis con la tarifa del grupo de “consumo otros”, que corresponde a clientes que utilizan la energía eléctrica para el abastecimiento a las instalaciones de locales que no pertenezcan a los grupos de consumo residencial o doméstico, industrial o gubernamental, de acuerdo al pliego tarifario de la ANDE.