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Dirigentes del Movimiento de Resistencia Campesina y de la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas (Redespi) se pronunciaron en la mañana de hoy contra el proyecto de ley que aumenta las expectativas de pena carcelaria en casos de invasión de propiedades.
El documento se encuentra en estudio en el Congreso Nacional y será objeto de tratamiento en la sesión ordinaria prevista para mañana. El proyecto de ley, por las implicancias que tiene, es objeto de acalorados debates en el Congreso Nacional.
Eulalio López, dirigente del Movimiento de Resistencia Campesina, señala que “nuestra organización condena la actitud cobarde de los impropiamente llamados “representantes del pueblo”. En este momento estudian la sanción de una ley que tendrá como resultado criminalizar la lucha por la recuperación de tierras públicas y ancestrales que llevan adelante las organizaciones campesinas e indígenas en el Paraguay.
Agrega López, dirigente de la comunidad de Agüerito, departamento de San Pedro, que “estamos de acuerdo con que todos debemos respetar y someternos a lo establecido en la Constitución Nacional sin excepciones, ni restricciones, ni exclusiones. También estamos de acuerdo en que se debe respetar la propiedad privada, de todos”.
El comunicado del Movimiento de Resistencia Campesina incluye la siguiente pregunta: “¿Qué solución le da el Estado al campesino e indígena sin tierra, al paria, cuya única posibilidad de sustentar su familia es cultivando y cosechando lo sembrado?”.
Herramienta para imponer el terror
Por su parte, la Red de Entidades Privadas Indigenistas también dio a conocer un comunicado señalando que “este proyecto de ley será una herramienta más para imponer por vías del terror y el miedo el silencio ante los brutales desalojos para concretar el robo de las tierras indígenas”.
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Agrega el documento de la red de entidades indigenistas que “la Constitución Nacional defiende la vida por encima de cualquier otro derecho. Con las modificaciones propuestas, de criminalizar a los sin tierra y a los expulsados de sus hábitats tradicionales, se subvierte el orden constitucional, dado que se imponen derechos particulares sobre los intereses generales. En este caso el derecho de propiedad por encima del derecho a la vida”.
El Congreso Nacional estudia la modificación del artículo 142 del Código Penal. De aprobarse el proyecto, el delito calificado como invasión de propiedad privada tendrá un castigo penitenciario de 10 años.