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La denuncia formulada se basa fundamentalmente en un informe elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas de la municipalidad y que se elevó al intendente actual Felipe Nery Quiñónez (ANR). Afirma que las documentaciones del corte administrativo efectuado en el traspaso de mando del exjefe comunal al actual, realizado el pasado 10 de julio, no condice con la realidad.
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Señala que en el acta del corte administrativo se mencionan deudas pendientes de pago por poco más de 3.724.384.312; sin embargo, se obvió agregar deudas pendientes de pago de ejercicios anteriores con lo que se llega a la suma de 7.559.025.726. También menciona que se adeuda el aporte obrero patronal a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal un mes, junio del corriente, con lo que afirma Franco se estaría incurriendo en apropiación y lesión de confianza.
En cuanto al delito de exacción refiere que se produce al no realizarse la transferencia de G. 172 millones a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la retención del IVA del personal contratado. Además, refiere que existe negligencia por falta de gestión de cobro de cheques que fueron sustraídos en el asalto a funcionarios de la institución el pasado 6 de mayo, por G. 53.367.334, que se debió informar al contribuyente para las anulaciones de los cheques y así poder efectivizar nuevamente.
En cuanto a la apropiación y lesión de confianza, también menciona que se constató que de los fondos destinados al Consejo Local de Salud por G. 1.500. millones, para cubrir la construcción de una parte del pabellón de contingencia, se habrían utilizado G. 96.750.085 para otros menesteres. También denunció que fondos de royalties se utilizaron para pago de la amortización de capital de un préstamo, por un valor de G. 512.250.000, por lo que no puede ser justificado por la administración municipal ante la Contraloría General de la República.
La denuncia también señala que el exintendente Quiñónez y algunos de sus asesores cobraron de manera adelantada bonificaciones y gastos de representación; en el caso del jefe comunal se autorizó a sí mismo a percibir G. 11.840.000. El monto corresponde a la totalidad de julio cuando el mismo prestó funciones solamente hasta el 10 de julio, debiendo recibir únicamente un proporcional de tales rubros, es decir por 10 días.
Versión del denunciado
Referente a las deudas pendientes de pago, la directora administrativa del exintendente Quiñónez, Lic. Sandra Cárdenas, dijo que al momento del Corte Administrativo se hallaban obligados los compromisos por la suma de G. 3.884.384.312 del ejercicio fiscal 2021 a julio y no G. 3.724.384.312, como dice la denuncia. Afirma que en el corte administrativo se aclara que quedan ocho biblioratos y una carpeta archivadora que contienen deudas pendientes de pago, porque estaban en proceso de verificación.
Respecto a la deuda con la Caja de Jubilaciones, acotó que se encontraba en pleno proceso de pago de salarios de junio a los funcionarios municipales y que las retenciones correspondientes a los aportes obrero y patronal fueron realizadas en su totalidad, así como también se hallaban en “obligados”, y que por ende debieron ser abonados por la administración entrante.
Sobre la falta de gestión para cobrar los cheques robados en el asalto de mayo, afirmó que se realizaron todos los trámites administrativos y legales correspondientes. Respecto al uso de dinero destinado al Consejo Local de Salud afirma que no es una cuenta exclusiva, por ello se utilizó para otras erogaciones inherentes al desempeño de la institución.
Referente al uso de royalties para pagar crédito afirmó que la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal, en su art. 197, autoriza a captar recursos financieros y a utilizarlos ante situaciones como fue la emergencia sanitaria, para gastos de inversión y no gastos corrientes, que es lo que se prohíbe. Acotó que prueba de que obraron conforme a la ley el Ministerio de Hacienda no le bloqueó la cuenta y hasta le trasfirió al municipio G. 3.616.580.377 en agosto.
Respecto al supuesto cobro indebido de bonificaciones y gastos de representación, dijo que como Intendente Municipal le corresponde la liquidación de sus haberes, así como el cobro proporcional de aguinaldos y vacaciones. También aprovechó para aclarar que no es verdad que solamente quedó en caja G. 40.000, como se viene repitiendo, sino que el monto correcto es de G. 5.457 millones y que esto está asentado en el documento del Corte Administrativo.