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Por unanimidad, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander Dans y Delio Vera Navarro ratificaron la resolución dictada el 29 de julio pasado por la magistrada Alicia Pedrozo, quien dispuso que García responda ante la justicia en un juicio oral y público por su actuación en el caso Ivesur.
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Esta decisión fue apelada por García, quien se agravió por la negativa de la magistrada de permitir la participación del representante de la Municipalidad de Asunción (porque llegó tarde a la audiencia) y por haber rechazado las salidas alternativas ofrecidas por la defensa, suspensión condicional y procedimiento abreviado.
En ocasión de contestar la apelación, el fiscal Leonardi Guerrero - quien en la audiencia preliminar se opuso a las salidas alternativas propuestas por la defensa- solicitó el rechazo de la pretensión de la defensa, tras destacar que la resolución cuestionada cumplió a cabalidad con el debido proceso, no existiendo ninguna anormalidad o defecto que amerite su nulidad.
“En puridad, todas las controversias resueltas por la a-quo se ajustan a derecho y se encuentran fundadas convenientemente. Entonces, inspeccionando exhaustivamente todos los recaudos y los antecedentes que rodean el caso, se puede afirmar que no existen motivos que puedan incidir y orientar hacia otra determinación que no sea la confirmación del fallo recurrido”, argumentó el agente fiscal.
“En concreto, en ausencia de méritos para la viabilidad de lo pretendido por el recurrente, quedan descartados definitivamente todos los agravios alegados por la defensa en razón de que no se observan vicios de ninguna naturaleza y tampoco vulneraciones defensivas, por lo tanto, en atención al art. 461 in fine del Código Procesal Penal, el cual es concluyente al determinar la irrecurribilidad del referido auto interlocutorio”, concluye la Cámara de Apelación, al declarar la inadmisibilidad del recurso planteado.
Antecedentes del caso
Según la acusación fiscal, el 6 de octubre del año 2016, el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, el abogado José Enrique García, se habría valido de un escrito falsificado para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía Ivesur SA un total de G. 18.975.014.366.
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A Ivesur representaron los abogados Juan Ernesto Villamayor, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, y Sergio Coscia, ex procurador general.
La empresa Ivesur ganó a la Comuna una demanda de indemnización por daños, por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los rodados que entraban a la capital.
La empresa ITV SA (Ivesur) renunció dos años después a cobrar la deuda de US$ 3,5 millones, que ganó a la Municipalidad de Asunción, a cambio de firmar un contrato por 10 años para seguir explotando la inspección técnica vehicular en la capital.
Funcionario fue condenado
Además de García, también está procesado con relación al caso el exfuncionario de la Comuna capitalina Rodolfo Duarte López, condenado en un juicio oral y público a 2 años y 3 meses de cárcel por uso de documento público de documentos no auténticos.
Esta condena -dictada el 30 de junio pasado- ha sido confirmada a principios del corriente mes por el Tribunal de Apelación, 1° sala.
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