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El Senado necesitaba mayoría absoluta (23 votos) para ratificarse en su versión sobre el nivel de seguridad de las transacciones electrónicas, pero la mayoría de los senadores se pronunció a favor de las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley sancionado regula las transacciones electrónicas y fue motivo de disputa entre la Asociación de Bancos y las empresas telefónicas. El mismo tuvo origen en la Cámara de Diputados donde se estableció expresamente un nivel de seguridad alto para las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero.
Esta postura es respaldada por los representantes de entidades bancarias, alegando cuestiones de seguridad y para evitar las conocidas estafas a usuarios, a través de teléfonos celulares, que se suelen hacer desde las cárceles.
El texto del Senado, que era respaldado por las empresas telefónicas y por el Banco Central del Paraguay, disponía que el nivel de seguridad para las operaciones estén “acordes al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la autoridad competente”, que es el BCP.
Durante el debate, algunos senadores, como Hugo Richer (Frente Guasu) advirtieron que establecer un nivel de seguridad alto implicaba la obligación de contar con la certificación de la firma electrónica, registro de reconocimiento facial o toque digital, entre otras medidas de seguridad. Indicó que esto significaba la posible exclusión financiera de unos dos millones de personas en nuestro país, cuyo promedio de transacciones no supera los G. 150 mil.
Indicó que esto implicaba un peligro de retroceso en la inclusión financiera de miles de personas que no tienen posibilidad de ingresar al sistema financiero bancario, obstaculizando sus operaciones.
La senadora Desirée Masi (PDP) también dijo que con la versión de la Cámara de Diputados se dificultará la utilización masiva de las billeteras electrónicas que se da actualmente y que se constituyeron en un mecanismo imprescindible para mucha gente en este tiempo de pandemia.
Recalcó que la misma entidad rectora, el BCP recomendaba no establecer un nivel de seguridad específico y dejar en manos de esa institución la reglamentación basada en el monto de las mismas.
Por su parte, el senador Stephan Rasmussen (Patria Querida) sostuvo que era necesario establecer un sistema de seguridad alto para evitar las estafas que se dan fácilmente ahora a través de los teléfonos celulares desde las cárceles. Dijo que no necesariamente se dificultará la utilización de los giros electrónicos a los usuarios ni que deberá hacer más trámites, porque eso no figura en la ley.
Afirmó que tarde o temprano se impondrá un nivel de seguridad alto para estas transacciones y, si no se pone en la ley, el BCP seguirá demorando su implementación.
La ley sancionada será girada al Ejecutivo para su promulgación o veto. En caso de un veto, la normativa volverá al Congreso para su estudio.