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En agosto último, la institución transfirió G. 306.429 millones (US$ 45 millones al cambio actual) para dotar de recursos al fideicomiso de la obra de duplicación de la ruta PY02, que es administrada por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), de dónde saldrán los recursos para pagar al Consorcio Rutas del Este, integrado por la española Sacyr y la firma local Ocho A (Luis Pettengill), que ejecuta este primer proyecto bajo la ley Nº 5.102/1, más conocida como APP.
El ingeniero Alfredo Bordón, titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos del MOPC, explicó a este diario que este millonario aporte estatal será para cubrir los pasivos del proyecto, lo cual está estipulado en la normativa vigente, según manifestó. “La ley Nº 5.102/13 define lo que se considera como compromisos firmes y contingentes en su artículo 14, y en ese sentido, la misma normativa establece que el Estado Paraguayo, en su calidad de fideicomitente, mantendrá un porcentaje mínimo de 10% de los pasivos contingentes cuantificables (gastos imputables al MOPC) y el 100% de los pasivos firmes (repago de la inversión que realizó la contratista) del próximo año calendario (2022)”, resaltó el funcionario.
En este sentido, manifestó que, para dar fiel cumplimiento a la norma vigente, el MOPC, como administración contratante, a través del Ministerio de Hacienda, procedió a dotar al Fondo Fiduciario de Garantía y Liquidez el 100% de los pasivos firmes a ser pagados al participante privado en el periodo 2022, cuyo pago “se realizará siempre y cuando se encuentre enmarcado en la normativa legal y contractual prevista para el tipo de retribución a la Sociedad de Objeto Específico (Consorcio Rutas del Este)”.
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Según el estudio de factibilidad que realizó la consultora Deloitte para el MOPC en 2015, la inversión de este primer proyecto que se ejecuta con la ley APP debía cubrirse en un 60% con el peaje y 40% con aporte estatal. Sin embargo, esto no se refleja en la realidad, por lo que la mayor parte de la inversión ya se está cubriendo con aporte estatal, sin dar un respiro a las arcas públicas, como se espera de este tipo de obras. Esto ya se nota en la millonaria inversión de agosto último, según expertos consultados.
Sobre este tema, Bordón señaló que el nombre del contrato ya dice que se trata de una “alianza público privada” y que debe ser “coparticipativo”. “Debe haber aporte del Estado ya que el peaje no iba a cubrir todo. Es una ruta nueva, se supone que va a incrementar el tránsito, como también estableció el estudio de Deloitte, y hay varias cosas que se tienen que dar para que el aporte estatal disminuya. Pero siempre existirá aporte del Estado, porque la propia esencia del contrato así lo determina”, indicó.
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¿Deposita Sacyr todo lo recaudado al fideicomiso?
Vale señalar que en el fideicomiso de esta APP también se viene depositando la recaudación de los puestos de peaje de la ruta PY02, desde septiembre de 2017, por lo que llama la atención el millonario aporte que ya desembolsó el MOPC para cubrir los pasivos de la obra. No se sabe el monto que significa la recaudación de los peajes al fideicomiso en estos cuatro años, pero lo concreto es que el cobro en los puestos de peajes están a cargo del Consorcio Rutas del Este y hay dudas si el grupo está depositando íntegramente lo cobrado al fideicomiso como está establecido.
Sacyr y Ocho A ya cobran por tramos
Según había ofertado el grupo de Sacyr, Ocho A y Mota Engil (que cedió sus acciones a Ocho A, luego de abandonar el país tras el fracaso del metrobús), hoy contratista de esta APP de la ruta PY02 (como Rutas del Este), el consorcio debía percibir tres pagos del fideicomiso de la AFD, una vez terminada la totalidad de la duplicación de la carretera.
En este sentido, la empresa debía cobrar US$ 27.217.135, IVA incluido, en concepto del Pago Diferido de Inversión (semestral), denominado PDI. El grupo percibirá este pago dos veces al año, por un período de 15 años, una vez entregada la duplicación de la ruta. El PDI se abonará por el financiamiento de la construcción de la ruta, cuyo costo total será de unos US$ 816 millones, incluyendo las tasas de interés.
Además, el consorcio estableció el pago anual de G. 145.292 millones (con IVA), en concepto de Pago por Disponibilidad (PPD), para el mantenimiento y operación de la vía. Este importe se desembolsará por los 30 años que durará la concesión, lo que significará un erogación de G. 4,3 billones (US$ 747 millones).
Justamente, según la adenda 2 al contrato, este es el pago que ya está percibiendo actualmente Sacyr y Ocho A por los tramos ya “funcionales”, que ya cuentan con “el acta de puesta en servicio provisorio”, es decir, los tramos habilitados a la circulación, según los datos oficiales.
Según el ingeniero Alfredo Bordón, a la fecha, los tramos “funcionales” 3, 4.1, 5.1 y 5.3 cuentan con sus respectivas Puesta en Servicio Provisoria (PSP), por los cuáles Sacyr y Ocho A ya se está cobrando.
De acuerdo con los datos, los pagos en concepto de PPD se iniciaron en mayo 2021, y fueron realizados de manera proporcional por los tramos que ya habilitados y por los días efectivamente mantenidos por el participante privado.
En este sentido, el consorcio ya percibió a la fecha la suma de G. 5.857.864.233 y de US$ 933.285, conforme lo establece el contrato, pues los pagos de PPD se realizan 50% en guaraníes y 50% en dólares americanos, aclaró Bordón. “La retribución que se paga actualmente a Rutas del Este SA es en concepto de PPD como contraprestación por la ejecución de diferentes labores y servicios que constituyen el objeto del contrato, previa revisión del cumplimiento de los estándares de calidad y servicios definidos en las normativas contractuales”, indicó.
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A los pagos por PDI y PPD mencionados más arriba hay que sumar el Pago Variable del Tráfico (PVT), por el que el consorcio percibirá unos US$ 134 millones más en 30 años, que también debe percibir cuando concluya la duplicación (dependen del tránsito en la ruta). Vale señalar que el grupo se embolsará con aproximadamente US$ 1.700 millones por construir, operar y mantener las rutas, durante los 30 años que durará el contrato, según las estimaciones, pero puede ser mucho más dependiendo del crecimiento del tráfico y otras variables que deben ser actualizadas. Para concretar la obra, la empresa consiguió la financiación de US$ 520 millones.