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Un hecho llamativo se constató en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) correspondiente al mes de agosto último, porque se pudo notar que la cartera transfirió ese mes G. 306.429 millones para dotar de recursos a la agencia fiduciaria de la obra de duplicación de la ruta PY02, que es administrada por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Al cambio actual esta cifra se traduce en US$ 45 millones, que fueron transferidos al fideicomiso de este proyecto APP, de donde salen los recursos para pagar al Consorcio Rutas del Este, integrado por la española Sacyr y Ocho A (Luis Pettengill), por ejecutar la obra.
En este fideicomiso también se deposita la recaudación de los puestos de los peajes de la ruta PY02, desde septiembre de 2017, por lo que llama la atención el millonario aporte que ya está desembolsando el MOPC para cubrir los pagos que ya está percibiendo la empresa, que todavía no llegó al 50% de ejecución de los trabajos.
Cuando se adjudicó este proyecto, durante la administración del ex ministro Ramón Jiménez Gaona, se había informado que el consorcio en cuestión debía percibir los pagos que ofertó recién al culminar la totalidad de la duplicación de la carretera, pero esto cambió totalmente.
En la adenda 2 al contrato, firmado en diciembre del año pasado entre el consorcio y el ministro Arnoldo Wiens, se estableció que la empresa ya debía comenzar a cobrar uno de los ítems que ofertó a partir de este año, porque ya entregó “tramos utilizables” de la carretera.
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¿Cuáles son los pagos que debía percibir Sacyr?
Según había ofertado el grupo de Sacyr, Ocho A y Mota Engil (que cedió sus acciones a Ocho A luego de abandonar el país), la empresa debía cobrar US$ 27.217.135, IVA incluido, en concepto del Pago Diferido de Inversión (semestral), denominado PDI. El grupo percibirá este pago dos veces al año, por un período de 15 años, una vez entregada la duplicación de la ruta. El PDI se abonará por el financiamiento de la construcción de la ruta, cuyo costo total será de unos US$ 816 millones, incluyendo las tasas de interés.
Además, el consorcio estableció el pago anual de G. 145.292 millones (con IVA), en concepto de Pago por Disponibilidad (PPD), para el mantenimiento y operación de la vía. Este importe se desembolsará por los 30 años que durará la concesión, lo que significará un erogación de G. 4,3 billones (US$ 747 millones).
Justamente, según la adenda 2 al contrato, este es el pago que ya está percibiendo actualmente Sacyr y Ocho A por los tramos ya funcionales, que ya cuentan con “el acta de puesta en servicio provisorio”, es decir, los tramos habilitados a la circulación, según el documento.
Tanto la contratista como el MOPC se niegan a explicar desde cuándo se comenzó a desembolsar por el PPD y por qué el monto transferido al fideicomiso es por G. 306.429 millones, el doble de lo que debía cobrar la empresa en este concepto por año, pues en parte los fondos también deben salir de la recaudación del peaje.
Este diario contactó a los responsables de la empresa quienes respondieron algunas consultas sin aclarar la cuestión de fondo. Rutas del Este admitió que ya están percibiendo por el PPD, pero no dicen cuánto ni desde cuándo están cobrando. “De acuerdo al contrato, este (pago) corresponde una vez puesto en servicio cada tramo (de manera proporcional) y se ha recibido en cumplimiento de las obligaciones de las partes”, agrega un escrito que remitió el grupo.
El consorcio tampoco especifica cuáles son los tramos que ya están “funcionales” como para que ya puedan cobrar por el PPD. Si bien algunos tramos ya están siendo utilizados, no se sabe si ya recibieron al menos la recepción provisoria por parte del MOPC.
El ingeniero Alfredo Bordón, responsable de este proyecto por el MOPC, se niega a informar los detalles de estos pagos a este diario. El funcionario de confianza del ministro Wiens administra los proyectos más costosos de la cartera, pero los maneja con total hermetismo.
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Más pagos
A los pagos por inversión y disponibilidad (PDI y PPD) mencionados más arriba hay que sumar el Pago Variable del Tráfico (PVT), por el que el consorcio percibirá unos US$ 134 millones más en 30 años, que también debe percibir cuando concluya la duplicación (dependen del tránsito en la ruta).
Vale señalar que el grupo se embolsará con aproximadamente US$ 1.700 millones por construir, operar y mantener las rutas, durante los 30 años que durará el contrato, según las estimaciones, pero puede ser mucho más dependiendo del crecimiento del tráfico y otras variables que deben ser actualizadas. Para concretar la obra, la empresa consiguió la financiación de US$ 520 millones.
¿Privilegio al consorcio?
La adenda 2 al contrato de la ruta PY02 además modificó importantes obras en todo el trazado de la carretera. Por ejemplo, se eliminó la circunvalación de Ypacaraí, cuyo costo estimado es de US$ 12 millones, por lo que se sospecha de un privilegio a la empresa, pues pese a estos recortes percibirá del fideicomiso el mismo monto que ofertó (PDI, PPD y PVT). En la zona de obras que corresponde a Caaguazú se eliminó la construcción de viaductos y se erigieron rotondas en su reemplazo, que son más baratas. La circunvalación de Itacurubí tampoco se ejecutará como estaba previsto, porque afecta a manantiales de la zona y se analizan soluciones a este tema.