En el marco de la difusión del proyecto, hoy miércoles 25, se realizará un webinar denominado “Hacia la aprobación de la ley contra la violencia política hacia las mujeres”, organizado por la Comisión de Equidad y Género del Senado con la colaboración de la Comisión Interamericana de Mujeres, IDEA Internacional, la Unión Europea y el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática. El evento se transmitirá desde las 18:00 en la página de Facebook de la Comisión y contará con la presencia de referentes políticas y sociales internacionales.
Las mujeres políticas de diferentes espacios y partidos políticos que vienen apoyando está propuesta de ley de violencia política hacia las mujeres afirman que este tipo actitudes tienen consecuencias en la participación política de las mismas.
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Marcella Zub Centeno, abogada, integrante de Kuña Róga y coordinadora del Proyecto Sumamos Mujeres afirma que “La política no es un campo de batalla abierto, es un espacio de debate democrático y como tal, debe ser libre de toda forma de violencia. Esto no sólo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad”.
“La violencia contra las mujeres se da en varios espacios, sean estos públicos y o privados, y en la política no es diferente, muchas piensan que es el precio de participar, terminan desprestigiadas, agotadas, decepcionadas y expuestas en su vida privada, y por sobre todo, alejadas del espacio político, donde ya están subrepresentadas de hecho en el Paraguay. Estos actos de violencia, más comunes ahora por las redes sociales, no son solo ejemplificadores para quienes lo sufren, sino para todas las mujeres que se atreven a entrar en la política”, critica la abogada Marcella Zub.
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Comentó Zub que desde el Laboratorio de Ideas, un espacio plural de pensamiento y acción crítica respecto a la participación política de las mujeres, creado en el marco del Proyecto Sumamos Mujeres de Kuña Róga, se aportó al trabajo que llevó a cabo el equipo de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores, junto con IDEA Internacional y el apoyo de la Unión Europea.
<b>Ejemplos de violencia política</b>
Desde acciones de amedrentamiento en casas y vehículos particulares de candidatas, amenazas telefónicas, difusión de fotos o vídeos íntimos, cosificación de las mujeres en la propaganda política electoral, ocultamiento de información y de datos, retención de dietas, negación de los permisos de maternidad y amenazas de sustitución, negación del uso de la palabra, entre otros.
Una encuesta realizada y publicada recientemente por CONACIT/CIRD indica que 9 de cada 10 políticas pasaron por alguna situación de discriminación y violencia, y 4 de cada 10 percibieron alguna situación de violencia o discriminación.
“El proyecto establece un marco general con principios rectores, definiciones, alcance, personas protegidas, agresores y ámbitos. Protege a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, sean estas militantes, aspirantes, precandidatas, candidatas, representantes electas o servidoras públicas designadas. Además, establece una clasificación entre distintas manifestaciones de violencia como leves, graves, gravísimas y hechos punibles. Frente a éstas se establecen sanciones mediante un procedimiento sumario sencillo que deberá ser definido por cada institución internamente, especialmente por los partidos políticos” explica Marcella Zub.
<b>Un espacio participativo</b>
Informó también Marcella que en noviembre de 2016, cuando se debatía la Ley 5777/16 se llevó adelante en el marco del 25N el Primer Conversatorio sobre violencia política en la ciudad de Pilar, Ñeembucú, con la Red de Mujeres del Sur. En dicha ocasión, por primera vez, mujeres de diferentes partidos compartieron sus experiencias sobre diferentes situaciones que vivieron en la vida política. La Ley 5777/16 define esta forma de violencia pero no establece medidas de atención y sanción a sus diferentes manifestaciones. Es así, que desde hace más de un año en diversos espacios políticos se viene hablando de la necesidad de ampliar la legislación y contar con una ley específica sobre la materia.
El proyecto fue presentado por todas las senadoras y tiene dictamen favorable de las comisiones relacionadas con el tema.