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- ¿En qué consiste esa ley que castiga a la gente por no ir a votar?
- Resulta que hay una obligación de votar. El Código Electoral establece una multa de un jornal mínimo diario (44 mil guaraníes) para aquellos que no votan. Si no pagan la multa entonces además, y hasta tanto paguen, no pueden hacer ningún trámite...
- Qué por ejemplo...
- No pueden sacar pasaportes. No pueden hacer gestiones ante la Subsecretaría de Tributación (SET). No pueden tener ayudas (subsidios) aquellos que reciben beneficios a través de Tekoporã y ese tipo de contribuciones del Estado.
- Qué quieren los proyectistas...
- Lo que quieren es sancionar a aquellos que no votan, pero no solamente con la multa. Por no pagar la multa se acarrea una serie de consecuencias, peores que las establecidas a los evasores del Estado, por ejemplo, o a los criminales de guante blanco...
- ¡Pero es 44 mil guaraníes! El precio de cuatro botellas de cerveza...
- Parece nada pero es una multa desproporcionada. Usted no paga, puede tener un recargo del 20%, del 30% o se puede duplicar. El Estado no puede establecer para sí ni fianzas ni multas desmedidas, una de las conquistas de la democracia aquí y en los países democráticos.
- ¿A quiénes cree que se castiga más?
- A aquellos que no tienen recursos, aquellos que están fuera del sistema, aquellos que son informales. Sea mucho o poco, la multa es una cuestión referencial. Si usted tiene un capital de 100.000 dólares, bueno, 44.000 no es nada. Pero aquel jornalero que está sin trabajo o alguien que no está trabajando, esa suma a lo mejor es su diario...
- (Enrique) Riera, uno de los proyectistas dice que es sencillo. Si alguien no quiere pagar la multa que vaya a votar...
- Yo entiendo que la motivación de los proyectistas parte de la base de que todos los ciudadanos son deshonestos. Dicen que se venden los votos. Entonces, dicen que el que no vota es por la compra de votos. Entonces, los (candidatos) que tienen más plata pueden comprar más y que para disminuir la sangría hay que establecer un castigo como para que vaya a votar, no importa si está en Itakyry y tiene que caminar 10 km y no hay ómnibus.
- Se parte de la base de que el sufragio es obligatorio por la Constitución...
- Es cierto, es obligatorio. Se impone una multa de un jornal diario. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, porque si es derecho no es deber, etcétera. Esa no es la discusión. El tema es que hay una multa. Si no paga, el que no votó no puede hacer ningún tipo de trámites personales. A mi parecer, nadie puede ser castigado con una serie de restricciones a su vida personal que equivale a una muerte civil.
- Muerte civil, por qué...
- La pena, la sanción tiene que ser razonable, proporcional. Esta multa es totalmente desproporcional. Nada obsta que mañana traten de presentar un proyecto de ley que diga: “aquellos que no votan y no pagan la multa tienen que irse presos”.
- En este país la gente no se va a votar, porque no se le obliga, esa es la verdad...
- Es más positivo hacer una campaña educativa sobre la importancia del voto y no una ley que castiga a gente que a lo mejor no entiende, o no sabe o no le interesa. Aquel que tiene medios puede dejar de ir a votar. No le hace nada pagar 44.000 y ya está. Pero esto va dirigido al sector más pobre, eso es lo que no me gusta de esta ley.
- Si la gente no va a votar es por el hartazgo hacia la clase política. Es como un voto castigo contra los que llaman “hombres escombro”...
- Por supuesto, no podemos desconocer que la abstención es una medida política muchas veces para no legitimar un proceso fraudulento o como reacción por la falta de una buena oferta electoral pero la ley electoral es clara. Hay que votar. Puede votar en blanco pero hay que votar.
Pero tampoco es un problema no votar porque se le aplica una multa de 44.000 y no pasa nada. Lo que yo cuestiono es que la falta de pago de esa multa, en vez de que la Justicia Electoral reclame por otros medios o por un medio más civilizado el pago de la multa, se prohíba a los afectados realizar cualquier trámite personal ante las instituciones del Estado. Al informal se le va a impedir que sea formal porque no puede hacer trámites ante la SET, por ejemplo...
- ¿Qué percibe usted que hay detrás?
- Lo que yo veo es que se quiere atemorizar al ciudadano de escasos recursos. Como no tiene plata, no se va a preocupar por pagar la multa y se va a encontrar con la sorpresa de que no va a tener posibilidad de hacer gestiones personales, las penas accesorias y complementarias dispuestas por una autoridad administrativa, no por un juez.
- La senadora Desirée Masi dijo estar de acuerdo con la multa pero que debe ser acompañada por la gratuidad del transporte público el día de elecciones...
- Evidentemente el monopolio del transporte es una ventaja para los que tienen capacidad de financiamiento. Si no hay transporte gratuito, aquellos que no tienen vehículos, motocicletas, bicicletas, motos, etc., entonces tienen más dificultades para concurrir. Es importante participar y los políticos tienen que dar también un mensaje claro de que valen la pena sus candidaturas para que la gente también se movilice y vote...
- ¿El transporte puede definir una elección?
- El transporte puede definir una elección, sin duda. La propaganda también.
- ¿El Estado puede financiar el transporte para todos?
- Puede. De hecho, ya subsidia a los partidos políticos. Una parte de ese subsidio puede destinarse al transporte, sin aumentar ni los subsidios ni los aportes. Obligatoriamente, se puede destinar un porcentaje para el pago, no para expropiarle a los dueños de los vehículos ni nada. No es una carga pública que tenga que transportar ese día. Puede liberarse el costo del pasaje pero como es un sector subsidiado puede destinarse para ese día que se liberen los horarios sin poner en riesgo el servicio público imprescindible mínimo, como dice la Constitución y destinar un gran porcentaje en el transporte de la gente a los lugares de votación. Me da la impresión de que esta ley va dirigida a los candidatos de menores recursos...
- Dicen también que es para que los de menores recursos no vendan sus votos...
- Puede que sea así en un porcentaje pero no se puede poner eso como un parámetro de deshonestidad de todos los electores. En eso yo no concuerdo. Si uno dice que los electores son deshonestos y van a vender su voto ¿cuál es el problema que puedan vender y entregar su cédula y no votar? Total, vende por 200.000 su voto y la multa es 44.000. No pasa nada también si partimos de la deshonestidad.
- Después de las municipales, la Justicia Electoral va a tener una lista de los que no votaron...
- Y bueno, aquellos que necesiten hacer un trámite se verán con la sorpresa de que tienen que pagar la multa. Ese es otro tema. Pero también los deshonestos y los políticos inescrupulosos -porque no hay control en el financiamiento político- puede pagarles la multa para comprar sus voluntades para la siguiente elección. En síntesis, yo no creo en este tema sancionatorio. Sin el acompañamiento de una campaña educativa no se va a solucionar. Además es desproporcionado. Y, cuidado con la falta de control de financiamiento político.
- ¿Qué implica eso?
- Un candidato puede meter un millón de dólares. Tranquilamente puede ser plata del narcotráfico, o de criminales de guante blanco o de lo que sea. Ese es un tema gordo...
- Pero hay una ley...
- Que no se cumple. Establece límites y formas de financiamiento. Está prohibido decir: “Yo puse 20 millones de dólares”. Es delito. Pero sin embargo, ocurre. Y estando ya una ley en vigencia de financiamiento político, el Estado no es capaz de hacer cumplir. ¿Cómo se puede competir con alguien que tiene una fortuna incalculable? Imposible.
- Está la ley, están los órganos encargados, está la Seprelad, la Secretaría Anticorrupción...
- Pero no existe forma de controlar. Por la informalidad que hay en el país los narcos pueden hasta comprar los colectivos. Las instituciones contraloras son débiles y por eso mismo hasta pueden hacer algún guiño cómplice y, por lo tanto, puede circular cualquier cantidad de dinero sin control; pagar propaganda electoral, destinar una parte importante para financiar el Día “D”, para pagar a los miembros de mesa, para operadores. Pueden meter cinco millones también si quieren, total es plata sucia. Y eso desnaturaliza la democracia, el régimen representativo. Es el poder criminal que se retroalimenta con el poder político.
- ¿Cuál es su recomendación para estas municipales?
- Las autoridades deben controlar la actividad financiera, analizar con lupa la declaración de ingresos y gastos de la campaña, controlar el origen de los recursos usados en la campaña...
- Los partidos se lavan las manos también, y responsabilizan en todo caso a los candidatos...
- Pero independientemente a los partidos, las instituciones tienen que controlar, para eso están. La SET no controla un ingreso que puede ser lavado de dinero, millones de dólares. Está la Seprelad que tiene que controlar. Para eso están. No tienen excusa para no hacerlo. Hoy no se vislumbra que pueda haber solución sobre este punto.
Esta ley que castiga a los que no votan va dirigido, como dije, a los más pobres. Se parte de la idea de que todos los electores pobres son deshonestos porque están dispuestos a vender sus votos. Entonces, hay que obligarles a que concurran so pena de aplicarles la multa. Y si no pagan la multa por A o B motivo, entonces no pueden hacer ningún trámite personal, y eso es como una muerte civil...