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“La página de Contraloría está llena de informes que fueron derivados a las entidades correspondientes”, dijo Fernández al justificar el trabajo de la Contraloría en torno a las transferencias que el Estado hace a organizaciones que siempre exigen fondos para proyectos o, en su defecto, subsidios.
“Históricamente hicimos actividades de control sobre diferentes actividades, fiscalización sobre subsidios o sobre apoyo a los campesinos, transportistas, todo lo que significa erogación del gasto público”, añadió Fernández en conversación con ABC este jueves.
Sus declaraciones se relacionan a un contexto en que dos organizaciones exigen dinero para más proyectos sin supuestamente haber rendido cuentas por los desembolsos que ya recibieron, unos US$ 3.000.000.
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La directora de Control Gubernamental de la CGR recordó un caso en el cual se entregó dinero público en nombre de los campesinos gracias un préstamo de más de US$ 70 millones que hizo el Estado. El dinero que se envió no fue recibido por los que realmente debían ser destinatarios. “El dinero llegó, pero no a los campesinos (...) Eso está denunciado (...) De ese tipo de informes hemos hecho muchísimos”, expresó.
Fernández también sostuvo que estas transferencias también serían controladas, pero que a la vez necesitan evidencias para sacar conclusiones. “Los auditores no podemos hablar si no tenemos evidencia, para eso tenemos plazos, comunicaciones que aplicar. Eso hace que nuestro trabajo pierda un poco más de tiempo, pero es evidencia competente”, aseveró.
El ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, detalló ayer que de los cerca de US$ 25 millones de la Ley Nº 6.669/2020 “Para la restauración de los sistemas de producción de la agricultura familiar campesina”, US$ 14 millones fueron establecidos para transferencias a organizaciones campesinas.
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De este total de US$ 14 millones, la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena Popular y Popular (ACIP) reclaman US$ 7 millones. Bertoni indicó, sin embargo, que no solo ellos son los destinatarios y recordó que estas organizaciones ya llevaron este año G. 21.000 millones (más de US$ 3 millones al cambio de G. 6.200).
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El titular del MAG explicó que actualmente el ministerio está esperando las rendiciones de cuentas de los gastos realizados sobre el dinero transferido a los diversos grupos campesinos, que corresponden al 50% de los proyectos aprobados, para completar el monto solicitado.
Los campesinos afirmaron ayer que continuarán con las movilizaciones en la capital del país, ya que no llegaron a un acuerdo en la reunión sostenida con autoridades del Poder Ejecutivo y el Senado. Según mencionaron desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 41% de los fondos para la activación de la agricultura familiar ya fueron transferidos, pero los labriegos lo niegan.