Preliminar para excontralor García por encubrir inacción con documentos falsos en el caso Ivesur

La jueza penal de garantías Alicia Pedrozo convocó para mañana al excontralor de la República José Enrique García, con el fin de llevar adelante la audiencia preliminar en la que se resolverá si enfrenta juicio oral y público por producción de documentos no auténticos en el caso Ivesur. Supuestamente, García, intentó cubrir su negligencia de apelación extemporánea de un laudo arbitral.

Enrique García Ávalos
José Enrique García Ávalos, excontralor acusado.Archivo, ABC Color

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La jueza Alicia Pedrozo fijó la audiencia preliminar para el jueves luego que la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de reposición que planteó García y se ratificó la competencia de la magistrada para seguir en el proceso penal iniciado por el Ministerio Público que lo acusa por producción de documentos no auténticos.

La resolución de la Corte estuvo firmada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez y Manuel Ramírez Candia.

La acusación del Ministerio Público

Según la acusación del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Leonardi Guerrero, el 6 de octubre del año 2016 el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, Abog. José Enrique García, falsificó un escrito para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral, por el que se ordenó a la comuna a pagar a la firma Ivesur SA G. 18.975.014.366.

En esta misma causa, el funcionario Rodolfo Duarte López fue condenado a dos años y tres meses de cárcel el pasado 30 de junio. El fallo fue dictado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga (presidenta del tribunal), Juan Carlos Zárate Pastor y Héctor Capurro Radice.

En el juicio oral se probó que el escrito de nulidad y los sellos fueron fraguados, y que la apelación del fallo nunca fue presentada.

Duarte López confesó en el juicio oral que utilizó un escrito apócrifo para justificar la no presentación del recurso de nulidad contra el fallo que obligaba a la comuna a pagar casi G. 19.000 millones por incumplimiento de contrato con la firma Ivesur SA.

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