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La única pero gravitante discrepancia entre los dos documentos está en la redacción del artículo 103, referente al nivel de exigencia para las operaciones de envío de giros de dinero a través de las empresas de telefonía.
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Los bancos alegan alta seguridad
Por el lado de los bancos, el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay ( Asoban), Beltrán Macchi manifestó que su gremio pide a los senadores aprobar con la versión de Diputdos del Articulo 103, que establece un nivel de seguridad alto para las operaciones financieras. Dijo que los legisladores no deben desconocer la realidad denunciada en la prensa, de extorsiones, estafas, fraudes y la criminalidad que sufren ciudadanos ante la falta de una norma clara, que exija la verificación de identidad en la apertura de billeteras electrónicas y en las operaciones financieras que se realizan a través de ellas.
Según el dirigente empresarial, la Policía, la fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Justicia misma necesitan herramientas para perseguir y castigar a los delincuentes que se aprovechan de esta situación.
Pero por el lado de las telefónicas, no rechazan una alta seguridad, sino que piden la versión del Senado en la que es el Banco Central del Paraguay, como ente regulador, el que define los niveles de seguridad según el tipo de transacción.
Aún así, según Macchi, los argumentos esgrimidos por las empresas telefónicas y el mismo Banco Central del Paraguay (que están a favor de la versión Senado), de que una norma de tal nivel afectará la inclusión financiera o a un producto de tinte social, son inconsistentes. Argumentó que la práctica demostró lo contrario.
Enfatizó que la ASOBAN, cuestiona que el producto de las billeteras de las TELCOS se presente como un producto social, cuando cobran al usuario, en promedio un 4 % sobre el monto de transacción.
También resaltó que según el gremio Asoban, se han presentado hasta ahora cuatro proyectos de leyes más sobre los “Servicios de Confianza” (cinco con el actual), que pretenden regular la verificación de la identidad en la entrega de chips de las telefónicas y la seguridad en las operaciones de sus billeteras.
Recordó que una fue sancionada por el Congreso y se vetó en el 2017; otra acaba de tener sanción ficta en la Cámara de Senadores y está a consideración del Ejecutivo para su promulgación. Las otras dos están en trámite legislativo.
“Estos cinco proyectos denotan la preocupación que existe al respecto y se espera que legisladores y autoridades aprueben finalmente una norma que defienda a los usuarios y la ciudadanía de los delincuentes y permita, en el futuro, el desarrollo de los demás instrumentos digitales con la más alta seguridad en la identificación de sus participantes”, aseveró.
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La utilidad social de las telefónicas
En contraparte, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (AIET), que está conformada por empresas públicas y privadas del sector de las telecomunicaciones que operan en los países del continente americano, también dieron a conocer un manifiesto respecto a la iniciativa parlamentaria que está en debate, solicitando la aprobación de la versión de los senadores, destacando la necesidad de mantener la utilidad social y la inclusión financiera en el proyecto de ley en debate.
En un comunicado de la AIET se destaca que una de las propuestas de ley de Servicios de confianza podría frenar el uso de billeteras móviles, limitando el avance de la inclusión financiera y la economía digital.
“De aprobarse el proyecto de ley de la versión de Diputados, manteniendo el artículo 103, los paraguayos se verían perjudicados al dificultarse el uso de una herramienta útil, confiable y segura para la realización de transferencias y pagos de bienes y servicios en cantidades pequeñas”, enfatiza el comunicado del gremio.
Añade que la redacción actual de la medida sería un freno a la economía digital y el uso de las TIC para el desarrollo de los pequeños negocios, perjudicando la necesaria recuperación económica que impulsa la transformación digital.
“El ecosistema de dinero móvil en Paraguay es un caso de éxito reconocido regionalmente, y a nivel mundial, el cual no debería ver artificialmente frenado su desarrollo en materia de innovación y accesibilidad”, destaca.
Protección de datos
El gremio AIET manifiesta que acompaña el objetivo loable de dotar de seguridad a las transacciones electrónicas y los actos jurídicos realizados a través de Internet, porque las operadoras de servicios móviles están comprometidas con la protección de los derechos de los usuarios y seguridad de sus datos, remarca.
“Sabemos que los servicios que promueven la inclusión financiera son de especial utilidad entre la población en situación de vulnerabilidad y personas que viven en ámbitos rurales alejados de los centros financieros, pues promueven su empoderamiento e independencia, con un impacto especialmente positivo para las mujeres”, expresa otra parte del comunicado.
Por esa razón en la redacción del artículo 103 del proyecto de ley, referente a que “la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación electrónica emitidos por un sistema de identificación electrónica con un alto nivel de seguridad”, podría representar un freno a la necesaria expansión de que este tipo de servicios.
Billeteras electrónicas, ágiles y sencilla
La propuesta del AEIT es que para su uso efectivo, las billeteras electrónicas deben poder utilizarse de forma ágil y sencilla. “Es recomendable que el nivel de seguridad de las transacciones se establezca desde el Banco Central del Paraguay, en su carácter de regulador en base a criterios de proporcionalidad de riesgo y montos involucrados”, indica.
Igualmente la IET considera que los servicios financieros electrónicos están limitados a transferir hasta tres salarios mínimos mensuales y cuyo promedio de transacciones realizadas no supera los US$ 25 (G. 169.000 al cambio actual).
Desde las telefónicas se cree que, de aprobarse el proyecto de ley en cuestión, con dicho artículo, se introduciría una tercera entidad como certificadora y eso provocaría un freno en el uso, un encarecimiento en el servicio y, como consecuencia, perjuicio directo tanto para los usuarios como para los prestadores del servicio.
En síntesis, el proyecto actual perjudicaría el uso de millones de billeteras electrónicas que se encuentran funcionando en el país, dificultándose el uso de una herramienta, que se ha demostrado útil, confiable y segura, para la realización de transferencias y pagos de bienes, y servicios, en cantidades pequeñas.
“Para analizar este fenómeno de forma holística, es necesario contemplar: - El ecosistema de pagos móviles: en América Latina aún existe un gran desafío en materia de inclusión financiera, dado que -según datos del Banco Mundial- solo el 39% de la población paraguaya se encuentra bancarizada. Las billeteras electrónicas permiten la independencia que le provee a ciudadanos a nivel global movilizar pagos y servicios de bajos montos, logrando independencia económica, como también impacto en la economía en su conjunto”, puntualiza el gremio.