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La Plataforma Social de Derechos Humanos recuerda a la ciudadanía que el 15 de junio de 2021 la comunidad Ka’a Poty del Pueblo Ava Guaraní, ubicada en el distrito de Ytakyry del departamento de Alto Paraná, fue desalojada por la fuerza pública en forma violenta, destruyendo sus viviendas y cultivos, perdiendo sus animales y pertenencias básicas, quedando las familias en su mayoría mujeres, adolescentes, niños y niñas despojadas de todo lo elemental para subsistir.
Escuela incendiada
En el procedimiento de desalojo forzoso fue destruida la Escuela Básica “12 de agosto”, reconocida por el Ministerio de Educación como institución de enseñanza, quemándose libros, materiales y otros documentos pertenecientes a la misma, hurtándose los muebles. Asimismo, fue destruido el templo de la comunidad. Todas las familias, incluyendo niñas y niños, fueron lanzadas a la calle con sus ropas, sin recibir asistencia institucional alguna.
Retorno a sus tierras
“Nosotros exigimos el retorno de la Comunidad Indígena Ka’a Poty a sus tierras, este pedido se encuentra en manos de la jueza Magalí Zabala. La misma debe resolver la medida cautelar de urgencia promovida por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para la restitución de las familias de la comunidad a su territorio originario” dice un comunicado de la organización.
“Pese a contar con título de propiedad sobre 1.364 hectáreas inscripto en los Registros Públicos, la comunidad indígena fue expulsada de sus tierras a instancias de Liz Carolina Alfonso, una exfiscal de marcas de Alto Paraná, suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por presunta corrupción. La misma se apropió de 7 hectáreas del INDERT, sin ser sujeto de la reforma agraria, hecho que constituye un delito. Con este título fraudulento y la complicidad de dos camaristas, despojó a la comunidad indígena Ka’a Poty de su territorio” agrega el documento.
Lideresa por los derechos
“Vamos a marchar con las familias de Ka´a Poty junto a la lideresa de la comunidad Marta Díaz. Queremos que la sociedad vea a las personas que fueron desalojadas, en su mayoría son mujeres con sus hijos en etapa de lactancia. Hay unos 45 niños y niñas que iban a la escuela que fue completamente destruida. Hay bebés e inclusive ellos quieren marchar con sus animales, las cabritas que lograron rescatar. Queremos que la ciudadanía los vea, que conozca la injusticia que han sufrido y se sumen a esta causa. Marchamos hasta el Poder Judicial porque ahí se encuentra la jueza Zabala, que tiene en su poder los títulos de propiedad de la comunidad y es quien deberá resolver la restitución”, explicó la socióloga Mary Lezcano que viene acompañando a la comunidad en la Plaza de Armas.
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