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Durante el estudio del proyecto para crear una comisión nacional para investigar los secuestros, en la comisión de Asuntos Constitucionales advirtieron que el artículo 195 de la Constitución da la atribución a las cámaras legislativas de conformar comisiones conjuntas de investigación, pero no habla de que puedan ser “comisiones nacionales”.
Igualmente, apuntaron que dicho artículo fue reglamentado por ley 137/93 que establece que el número de sus integrantes no podrá exceder de 10 miembros y deben tener la misma cantidad de diputados y senadores. Sin embargo, el proyecto remitido por Diputados dispone que sea conformado por 6 senadores y 9 diputados y no establece su plazo de vigencia.
Señalaron además que existe otro proyecto de resolución remitido en 2019 por la Cámara de Diputados del mismo tenor y con los mismos objetivos, que está pendiente de estudio y que figura también para su consideración en la sesión del Senado de este jueves.
El senador liberal Eusebio Ramón Ayala propuso que se postergue el estudio para integrar los dos proyectos y realizar una reunión conjunta con la comisión de Legislación para realizar los cambios pertinentes en cuanto a sus integrantes y su duración, lo cual fue aprobado por mayoría.
El motivo por el que la Cámara de Diputados decidió plantear una Comisión “Nacional”, pese a estar conformado solo por diputados y senadores es que de esta manera debía hacerse por medio de una ley, con plazos límite para su tratamiento en el Senado.
De esta manera, evitarían que el Senado “congele” la propuesta como hizo con la que remitieron en 2019 para crear esta misma Comisión Bicameral para investigar los secuestros y sus vinculaciones políticas.
De acuerdo al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional tiene como objetivo principal “analizar los antecedentes de los distintos casos de secuestros ocurridos en el país, a fin de determinar las eventuales conexiones con organismos criminales y el financiamiento de grupos políticos como fuente de financiamiento”.
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También señala el documento que la Comisión tendrá la facultad de realizar el análisis de los recursos destinados a las fuerzas de seguridad que trabajan en materia de secuestro y crimen organizado y proponer las asignaciones y requerimientos presupuestarios que sean necesarios para el fortalecimiento de los mismos.