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La enfermera recusó a los fiscales Luis Piñánez, Sara Torres, María Luján Estigarribia, Luz Guerrero, así como al fiscal adjunto Jorge Sosa, bajo patrocinio del abogado Francisco Chamorro Flores.
La causa fue derivada provisoriamente a la fiscala María Estefanía González.
Barrios Ávila refiere que a su “criterio, que no soy una profesional del derecho, deberían de decirme de qué me acusan. Me había llegado una citación de indagatoria, sin referir el hecho que me investigan, ni siquiera el tipo penal, por esa razón el encabezado de mi presentación (recusación) refiere llana y puramente el número de causa (2933/21) en los mismos términos del cual me notificaron”.
Agrega que por un tecnicismo le negaron la participación en la investigación fiscal a la recusante y a su abogado, porque el profesional del derecho no presentó la carta poder para que el Ministerio Público le provea de las mencionadas fotocopias para que la misma se entere de qué hechos punibles le estaban investigando, ya que Barrios Ávila no pudo concurrir a la unidad fiscal por encontrarse trabajando como profesional de la salud en el combate al covid-19, alegó.
“Justamente esta determinación de otorgar carta poder no puedo aun conceder por no saber de qué se me acusa, (¿cómo podría dar carta poder si no sé de qué se me investiga?), se supone que si nos guiamos con la misma forma de pensar de los funcionarios del Ministerio Público, me van a rechazar la carta poder en base a que no dispongo de la carátula exacta de la causa”, refiere la enfermera.
El Ministerio Público ordenó una investigación de oficio luego que trascendiera que la entonces senadora Mirtha Gusinky, el ex fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla, entre otros, habían sido vacunados irregularmente, sin haber tenido la edad mínima que el Ministerio de Salud había dispuesto para ser inoculados contra el covid-19.