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El ministro Antonio Fretes pidió la ampliación de la Sala Constitucional para analizar la consulta constitucional sobre el amparo de la CGR, que decidió recurrir a la Justicia para tener acceso a los datos de las inversiones sociales que realiza la Itaipú Binacional.
La acción judicial judicial fue planteada por la Contraloría luego que el director paraguayo de la binacional, Manuel María Cáceres, se negara a entregar la información requerida, alegando que el ente contralor no tiene autoridad para auditar las finanzas de las entidades binacionales, y que permitírselo sería ir en contra del Tratado de Itaipú.
El juez en lo Civil Édgar Rivas, sorteado para entender el amparo promovido por la CGR, resolvió trasladar a la Corte Suprema de Justicia la acción judicial con el argumento de que la Constitución Nacional atribuye a la Contraloría “la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados”.
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El magistrado fundamentó que el máximo tribunal debe realizar una “revisión” de la constitucionalidad del pedido de la Contraloría, tendiendo ya que la Carta Magna no hace referencia explícita a entidades binacionales como Itaipú –gestionada por Paraguay y Brasil– o Yacyretá –administrada con Argentina–, con un marco jurídico particular.
Fiscalía dictaminó en contra
La Fiscalía General dictaminó que no corresponde analizar la consulta constitucional realizada por el juez Édgar Rivas a la Corte Suprema, sobre la intención de la Contraloría General de auditar los fondos sociales de Itaipú.
El fiscal adjunto Federico Espinoza consideró que el tema de fondo es el artículo 20 de la Ley N° 276/94 que menciona que la Contraloría podrá solicitar allanamiento sin indicar a qué instituciones se refiere específicamente.
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Es decir, Espinoza indica que el juez plantea a la máxima instancia judicial si el artículo 20 de esa ley es constitucional, en lugar de consultar si el mencionado artículo faculta la intervención de la Contraloría a las binacionales.
Sin embargo el dictamen no es vinculante, por lo que es la Corte Suprema de Justicia la que finalmente debe resolver si es correcto el planteamiento de Rivas. Ante el referido magistrado llegó el amparo judicial promovido por la Contraloría General de la República para obligar a la entidad Itaipú Binacional a permitirle auditar las inversiones de “fondos sociales” hechas por la entidad.
Ahora el pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá determinar si es constitucional o no el pedido de la Contraloría General de la República para auditar los gastos sociales de Itaipú.