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A criterio de Ferreira, las perforaciones se dan no solo en el Instituto de Previsión Social (IPS), sino también en otros numerosos casos.
“Las perforaciones ponen en riesgo las cajas porque son decisiones que se toman muchas veces a contramano de los números, por más que los reclamos puedan ser de repente justos en algunos casos”, indicó el exministro.
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El tema salió a debate luego de conocerse un fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo que a criterio del exgerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, cambia el esquema jubilatorio de reparto solidario a un modelo de capital individual. En ese contexto, alertó que esto podría poner en riesgo la sostenibilidad del fondo jubilatorio y de quedar firme, afectar a otras cajas.
Empezar a discutir el tema
Para Ferreira es el momento de iniciar una discusión sobre este tipo de cuestiones que son muy importantes, porque hay muchos fondos jubilatorios que tienen problemas y el más problemático no es precisamente el IPS.
Afirmó que el que tiene mayor problema es la Caja Fiscal, administrada por el Ministerio de Hacienda, que ya “se comió” unos US$ 140 millones de los que tienen nada que ver con la jubilación de los funcionarios públicos y el monto crece cada año.
Expresó que hay la situación de monopolio de hecho del IPS que se debe ir transformando, porque estos modelos ya están perimidos en muchos casos, además se debe discutir el tema de la salud.
Dijo que la referida previsional no cumple con las condiciones, porque no hay más de un millón de paraguayos beneficiados, por lo que se debe estudiar cómo hacer para que el sistema de seguridad social funcione, porque Paraguay tiene el peor régimen del continente.
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En este sentido, reiteró que es el momento de empezar a discutir el sistema de jubilaciones y construir una ley, para luego ver en qué momento se presentará al Congreso. “Hay que hacerlo lo antes posible”, insistió Ferreira.
Preocupación de hace cinco años
El exministro de Hacienda puntualizó que resulta llamativo lo que se generó en el IPS, porque es un tema que tiene cinco años y sale ahora, cuando en realidad esta preocupación viene desde 2016.
Además, puntualizó que la decisión de la Corte ni siquiera está firme, todavía puede ser apelada y la máxima instancia judicial debería mirar seriamente el caso, porque pone en riesgo las instituciones.