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El viceministro indicó que, ante la comunicación de la medida decidida por los empresarios socios del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), se reglamentó las frecuencias mínimas que el sector debe cumplir durante el paro anunciado. Mencionó que, conforme a los rangos mínimos del Pliego de Bases y Condiciones de las concesiones de itinerarios, las firmas deben garantizar que el primer bus salga antes de las 4:00 y el último, a las 23:00.
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Además, especificó que los empresarios deben garantizar la circulación de colectivos en los horarios pico, que son de 05:30 a 07:30, de 11:00 a 13:00, 17:00 a 19:00. Los intervalos entre cada colectivo, durante el horario pico, deben ser de cada 10 minutos y fuera de esa franja, de hasta 30 minutos. “Las empresas que se convocan al paro deberán cumplir estas disposiciones. Los fiscalizadores estarán verificando en puntos estratégicos; en caso de que constante el incumplimiento, los empresarios se exponen a sanciones tipificadas como falta grave”, expresó.
Lo que no se sabe a ciencia cierta es si realmente los transportistas cumplirán esas frecuencias mínimas, considerando que aún sin la medida de fuerza, ya mantienen en zozobra a los pasajeros con las famosas “reguladas”. Además, hasta venían cobrando subsidio estatal hasta por los buses que permanecen en las paradas, incluso los que no tienen ruedas.
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Los empresarios exigen un aumento del precio del pasaje o del subsidio, alegando que los ingresos actuales no cubren sus costos operativos. La huelga es una reactivación de la medida de fuerza que había sido programada para marzo pasado, pero que fue levantada luego de que el Gobierno se comprometiera a facilitarles combustible a precio preferencial y la revisión de la tarifa técnica, análisis que actualmente verifica el porcentaje de ganancia por cada boleto pagado por los pasajeros.
Ya no pagarían por buses no operativos
Además, otra modificación relevante aplicada tras la revisión de la tarifa técnica es la exclusión de la flota total de la estructura de costos, para reemplazarla por la cifra de colectivos que se encuentran operativos. El objetivo es que los usuarios y el contribuyente paguen sólo por servicio prestado y ya no por aquellos que se encuentran en los parques, sin ruedas incluso.
Con relación a estas modificaciones, el viceministro Sánchez informó que en la tarde de ayer se reunió el Equipo Económico Nacional (EEN) y lo resuelto en esa instancia será analizado esta tarde por el Consejo Asesor de la Tarifa Técnica del Transporte Público.
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La modificación del pago por cantidad de buses es sustancial debido a que el Estado reconocía todos los buses declarados por los empresarios, pero no todos prestaban servicios. De esta manera, pese a que los colectivos no trasladaban pasajeros, de igual manera implicaban un egreso para los usuarios y contribuyentes porque es una variable considerada en la fórmula que define el precio del pasaje y del subsidio que cobra el sector.
Pagos por “buses fantasma”
Sólo en tres meses de 2021, el Gobierno habría desembolsado al menos US$ 1 millón por “buses fantasmas”, teniendo en cuenta que se pagó por una flota de 1.943 colectivos, pero de estos, 704 no alzaron ni un sólo pasajero, conforme a los datos suministrados por el Viceministerio de Transporte.
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Esta irregularidad ya fue detectada por Contraloría el año pasado durante una auditoría hecha al Tesoro, según consta en el informe final N° 626/19. Los investigadores reportaron que se concretaron pagos por colectivos que no contaban con la aprobación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y recomendaron realizar las gestiones para recuperar los recursos públicos. No existen evidencias de que se hayan realizado esos trámites.
