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Dirigentes campesinos de San Pedro se pronunciaron sobre el proyecto de modificación del Estatuto Agrario, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados. Si bien la Cámara de Senadores rechazó el proyecto, existe la posibilidad de que los diputados se ratifiquen en la modificación.
Ante esta posibilidad, los representantes de los asentamientos en San Pedro mantuvieron una reunión conjunta en el local de la escuela instalada en la base San Blas, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray.
Al finalizar el encuentro dieron a conocer un comunicado donde expresan “un rotundo frechazo al proyecto de ley que pretende la modificación del Estatuto Agrario, por considerarlo un mecanismo de legalización de las tierras malhabidas”.
Agrega el documento campesino que “solicitamos el máximo castigo permitido por la legislación nacional para los proponentes de esta ley por considerar sus actos como traición a la patria, especialmente en la propuesta de modificación del artículo 88 del Estatuto Agrario, donde se plantea adjudicar tierras públicas a los ocupantes irregulares, violentando el derecho de miles de paraguayos sin tierras”.
Señalan además que “ruegan a los diputados nacionales obrar con patriotismo y rechazar el proyecto de ley, evitando de esta forma integrar la parte más oscura de los legisladores que pretenden vilipendiar a su pueblo”.
Asamblea permanente
Las bases campesinas de San Pedro se declararon en asamblea permanente. “Solicitamos celeridad en el proceso de mensura judicial sobre las 18.205 hectáreas que suman las fincas números 36,1023, 108 y 128 así como en todas las fincas que requieren mensuras judiciales para regularidad los asentamientos”.
En cuanto al Indert, los dirigentes campesinos piden “transparencia en los procesos judiciales llevados por el instituto agrario para la regularización de las tierras. Establecer una mesa de diálogo permanente con los ocupantes, el Indert y otras instituciones involucradas en la regularización de tierras”.
En cuanto a los diputados que elaboraron el proyecto de ley “deben ser castigados, en primer lugar, los que propusieron la ley, y en segundo lugar los que votaron a favor por violar una obligación constitucional que es velar por los intereses de la patria”.