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Las fiscalas Laura Ávalos y Sandra Ledesma, de San Antonio y Luque, respectivamente, llegaron a dos terrenos de la ciudad de San Antonio ayer, martes, en horas de la mañana para desalojar a unas 100 familias que habrían invadido terrenos privados gracias a unos “líderes sintierra” que supuestamente les cobraban por ocupar el espacio.
Las agentes llegaron sitio con la idea de persuadir a los ocupantes para salir en forma pacífica y dieron un plazo de 15 minutos para abandonar el sitio o, de lo contrario, serían detenidos. Fue allí cuando apareció Javier Segovia, que se presentó como abogado de los supuestos invasores.
En principio, Segovia indicó que los ocupantes no iban a salir y estaban dispuestos a ser detenidos y procesados. Sin embargo, la fiscala Ledesma ordenó su detención por obstruir el procedimiento.
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Este abogado es funcionario de la Secretaría Nacional de Cultura y surge la incógnita de qué estaba haciendo allí como defensor de los líderes que supuestamente facilitan la invasión de los terrenos.
“Javier Segovia es un funcionario antiguo de Cultura; ahora se le está haciendo un sumario administrativo en la institución. Yo mismo recibí el expediente y, en base a las recomendaciones de Asesoría Jurídica, se va a instruir un sumario administrativo”, sostuvo hoy el ministro Rubén Capdevilla en conversación con ABC.
El titular de la SNC consideró que la existencia de abogados que son funcionarios públicos, pero que trabajan para privados, es un “problema que se imagina hay en varias instituciones”.
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“Sobre el caso conocimos hace unos meses y estamos actuando. Lamentamos muchísimo que haya este tipo de funcionarios dentro de las instituciones. Realmente está completamente fuera de lugar, vamos a tomar las cartas en el asunto y vamos a aplicar todo el peso de la ley institucionalmente hablando”, prometió.
Ayer, Segovia fue esposado y derivado a la jefatura de la Policía Nacional en San Lorenzo. El presidente de los supuestos sintierra, Isaac Benítez, también fue detenido tras ser acusado por los ocupantes de cobrar por las parcelas de G. 3 millones a G. 5 millones para ocupar los espacios dentro de los dos terrenos en San Antonio.
Capdevilla sostuvo que, si era por él, desvinculaba al funcionario de la institución, pero explicó que, al ser un funcionario de carrera, “tenía que hacerle un sumario administrativo” primero.
La fiscala Ledesma habló este miércoles de una organización esquematizada de “sintierras” que cobran dinero a los más vulnerables para ocupar un espacio en los terrenos invadidos. Sostuvo que esta rosca podría estar amparada por políticos porque para ellos significan más votos en las elecciones.
La agente sostuvo que podría tratarse de una organización que funciona perfectamente y que tiene varios engranajes que podrían ir desde políticos hasta funcionarios públicos que proporcionan los datos de los terrenos libres a estos supuestos líderes de personas vulnerables que hacen dinero al cobrarles por estar dentro de estas propiedades invadidas.