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Unos 200 agricultores iniciaron el segundo día del bloqueo de ruta y volvieron a esparcir locotes, pepinos y tomates sobre la ruta PY02, evitando de esta manera la libre circulación vial en la zona.
Los hortelanos exigen la venta de unos 30 mil kilos de tomates y locotes por un valor de G. 124 millones y la destitución del director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Aníbal Roa.
Horticultores cierran ruta PY02 en Coronel Oviedo y generan caos
Uno de los miembros del Consejo Nacional de Productores, Elías Martínez, dijo que no hay respuesta del MAG y que la situación es muy complicada. Señaló que están decididos a no liberar la ruta hasta que la Dirección de Comercialización consiga que los productos sean vendidos a precio razonable y que, si hay reacción de la Policía Nacional, habrá derramamiento de sangre en lugar.
Productores que habían tirado sus productos a la ruta liberan paso vehicular
Por su parte, el director departamental de la Policía Nacional, Crio. Arsenio Correa, dijo que ya no se puede permitir el cierre de ruta y que al mediodía se tiene que liberar.
Indicó que actualmente ya fueron destinados al lugar unos 60 uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y que una comitiva de Antidisturbios se encuentra en camino para actuar en caso de que sea necesario.
La medida de fuerza está ocasionando largas colas de vehículos que se extienden desde los sectores este, oeste y sur.
Politizan situación del campo
Por su parte, el director de Comercialización del MAG, Aníbal Roa, reconoció que actualmente muchos productos extranjeros ingresan por las fronteras secas y que lastimosamente hacen bajar el precio de la frutihorticultura nacional, pero que para paliar la situación se está suspendiendo la liberación de importación controlada de los productos.
Indicó que se les ofreció a los manifestantes la compra de sus productos a un precio de G. 3.000 el kilo por el locote y de G. 4.000 el kilo del tomate en finca, pero no aceptaron. Dijo que esta semana los precios oscilan entre G. 3.000 y G. 4.000 el kilo y que más de eso no se puede pagar.
Agregó que algunos miembros de la organización son operadores políticos y candidatos de partidos opositores y que buscan confundir y obtener prensa para beneficios electorales.