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Seis presos de Tacumbú fueron asesinados ayer tras un motín que fue causado por un cúmulo de determinadas situaciones en donde resalta la orden de traslado desde esa cárcel a la Agrupación Especializada del asaltacajeros condenado Orlando Efrén Benítez Portillo, exintegrante de la banda que lideraba Nelson López, alias Yacaré Po, que ya falleció.
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, afirmó hoy en conversación con ABC que no dará marcha atrás en la decisión de traslado de Benítez Portillo y recordó que la medida se decidió por una alerta de fuga en donde también está implicado Armando Rotela (líder del clan Rotela), el grupo delictivo más influyente de la penitenciaría.
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Pérez aseguró también que no hubo reos del PCC implicados porque el sistema de traslados que implementaron desde la cartera estatal hace énfasis en que los simpatizantes conocidos de esa agrupación criminal estén en otras dependencias del Estado.
“Acá no está el PCC involucrado, no hay PCC en Tacumbú. Trabajamos en no tener reclusos del PCC en Tacumbú. Es un aprovechamiento del descontrol para desatar el descontento interno. Son problemas entre ellos y su propia causa”, indicó Pérez.
La ministra consideró que, de alguna forma, lo que lleva haciendo desde el Ministerio de Justicia es “un desafío al sistema” e insinuó que muchas veces se decidió, desde el Estado, hacer la “vista gorda” con los planes de fuga o con la criminalidad que existe en la cárcel, algo que cambió desde que tomó las riendas de la institución a su cargo.
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“Las medidas que se toman generan reacciones. El no traslado de Orlando Efrén es algo que no se puede hacer. Ellos no pueden condicionar nuestro trabajo”, indicó Pérez, que ayer fue hasta la cárcel para conversar con algunos líderes del clan Rotela sobre este punto y contó que los presos entendieron que el Ministerio de Justicia no podía dejar de hacer lo que correspondía.
“Son muchos frente internos del sistema penitenciario, cualquier medida puede repercutir en el sistema (…) Estoy convencida que esto sí iba dirigido a mí, por todos los problemas internos que manejamos, medidas que tomamos que tienen que ver con un mayor control, un mejor manejo”, señaló.
Una de esas medidas implica que los funcionarios de la cárcel que estén salpicados por corrupción y sumariados no cobren sus salarios mientras dure el proceso, una situación que genera el repudio de los afectados, dijo Pérez. “Venimos sumariando, venimos descontratando, desvinculando a gente que tiene cuestionamientos”, rememoró.
No es Honduras, El Salvador ni Brasil… por ahora
Para Pérez, los presos aún no controlaron las cárceles del sistema penitenciario como sucede en Honduras, El Salvador o Brasil, “en donde los clanes controlan localidades enteras”, sostuvo. En ese contexto, explicó que una de las medidas que se está tomando es la construcción de tres centros penitenciarios —dos en Emboscada y uno en Minga Guazú— que ayudarán a descomprimir la cantidad de presos en las cárceles.
“Nosotros seguimos con una situación complicada mientras podamos trabajar en el nuevo censo. No vamos a resolver el problema penitenciario, pero sí vamos a descomprimir esto (…) Ahora vamos a tener tres centros para una capacidad para casi 4.000 personas. Ahí vamos a comenzar un proceso que va a durar bastante tiempo. No podemos trabajar solos”, refirió, a tiempo de indicar que igual forma eso no será la “panacea”.
Marito, enterado
La ministra dijo que reportó todo lo sucedido al presidente de la República, Mario Abdo, que le pidió que avance e investigue qué ocurrió, además de trabajar en la prevención de este tipo de situaciones.
Sobre los fallecidos, dijo que el Ministerio de Justicia dará contención a los familiares y cubrirá además los gastos de sepelio, ya que la cartera tiene un seguro para personas privadas de libertad.
“Se tocó un nervio importante en la estructura (por Orlando Efrén), por eso salta esto (…) La Policía estaba para entrar, pero no entró hasta el fondo. Es algo que nosotros manejamos. Si ellos entraban, podía ser más grave. Cuando vieron a la Policía entrar, (los presos) pidieron que la Policía no entre para bajar los decibelios”, detalló.
Finalmente, prometió que los homicidios “se van a investigar” y “se van a aportar todos los datos necesarios para poder tener una situación clara de cómo ocurrieron los hechos y quiénes cometieron estos hechos”.
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Los fallecidos fueron identificados como Carlos Raúl Casco Rojas, de 25 años; Julio César González Cáceres, de 35 años; Roberto Ríos de 49 años; Alexis David Miranda Candia, de 24 años; Fernando Ortiz Echeverría de 26 años y Julio César Shareamm Barrios.