IPS: hablan de urgencia de reforma de “esquema perverso” que atenta contra salud y jubilaciones

Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), afirmó que recién a finales del año pasado la institución recuperó los niveles de aporte que tenía antes de la pandemia. Sostuvo, sin embargo, que aún son bajos: solo 600.000 de las 1.300.000 personas que están obligadas a aportar al seguro social lo hacen. Añadió que se debe hacer más fácil y atractiva la formalización laboral y volvió a abogar por una reforma de la Carta Orgánica de la entidad, que no se cambia desde 1950.

Desde el próximo lunes 9 de noviembre se realizará el censo a los jubilados del IPS,  que se extenderá por ocho meses.
Asegurados del IPS en una de las farmacias de la previsional. (Foto ilustrativa).Archivo, ABC Color

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Halley afirmó a ABC TV que la llegada de la pandemia causó un “desaceleramiento económico dramático, una reducción importante de los ingresos corrientes por aporte obrero-patronales” desde abril del año pasado. Los mínimos se dieron entre junio y julio, cuando se tocaron los puntos más bajos con “47% aproximadamente de la reducción de los ingresos”.

El gerente de Prestaciones Económicas añadió que hubo una paradoja entre la baja de los ingresos y las necesidades que se tuvo justamente en salud. Recordó que el programa de salud, que usa solo el 39% de los ingresos, se nutre solo de los fondos corrientes; es decir, no genera renta ni capitaliza.

“De tal forma que si cae la recaudación, el que sufre realmente es el programa de salud, que vio reducidos los recursos reales que recibió. Las exigencias de salud se incrementaron. Bajaron los recursos y subió la demanda”, recordó.

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En comparación con los fondos de jubilación, Halley dijo que allí sí hay dinero “para aguantar”, pero que no se deben tocar. Recordó, una vez más, que si no se hace una reforma adecuada, este dinero podría acabarse para 2044. Habló de nuevo sobre la necesidad de hacer un golpe de timón al menos una generación antes (25 años) para que esos fondos puedan sostenerse.

El funcionario de IPS explicó que, si bien los niveles de ingresos prepandemia se recuperaron a finales del año pasado, se trata de una “normalidad” que no es buena porque solo cuatro de cada 10 personas en la necesidad de cotizar lo hacen.

En relación al punto, explicó que el IPS tiene 600.000 cotizantes de los 1.300.000 que deben hacerlo; es decir, la población económicamente activa dependiente, que sí está obligada a contribuir con el seguro social. En ese sentido, dijo que era necesaria la formalización no solo de esas 700.000 personas dependientes, sino también de los independientes, que son muchos más.

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Halley insistió en la necesidad de la modificación de la Carta Orgánica del IPS, que data de 1950, en la cual se dispone hasta ahora que de cada G. 100 como aporte G. 54 van al fondo de pensiones, G. 39 a salud y G. 7 a la administración del IPS. La reforma, apuntó, debe darse dentro del marco de sostenibilidad del fondo de salud y cuidando el fondo de pensiones. “Lo concreto es que el fondo de salud de IPS está desfasado 20 años”, precisó.

Al IPS ingresa, en promedio, US$ 90 millones al mes.

MODELO JUBILATORIO

Halley detalló los puntos más consultados sobre el esquema de jubilaciones y habló de los tres escenarios a los que se deben ajustar los trabajadores.

1. 55 años de edad y 30 años de aporte.

2. 60 años de edad y 25 de aporte.

3. 65 años de edad y 15 de aporte.

“¿Se es viejo a los 55, se es viejo a los 60?”, se preguntó Halley, que lleva años abogando por una jubilación acorde a profesiones y a aumentar el promedio, una situación que le generó muchas críticas.

“La edad promedio de retiro en IPS está en los 65 años (…) Se debe hacer una reforma que nos permita salir de los parámetros rígidos, en donde se sume por ejemplo 55 más 30 y te dé una tasa de sustitución”, sugirió.

El gerente de Prestaciones Económicas indicó que existen 71.000 beneficiarios de la jubilación de IPS, pero que solo 43.000 son jubilados por vejez; 9.000 tienen la jubilación por invalidez. “Existe también la jubilación por invalidez, que pocos conocen: puede ser por enfermedad común o accidente de trabajo. Hay como 9.000 jubilados en esa categoría. En enfermedad común tenés que tener tres años de aporte y, si es accidente de trabajo, te piden cero años”, recordó.

UN ESQUEMA PERVERSO

Para saber cuánto cobrar de jubilación, Halley explicó que se hace un promedio del salario de los últimos 36 meses, con excepción del último mes, en que generalmente se cobran bonificaciones por retiro.

Insistió, sin embargo, en que el “modelo induce al fraude” porque muchos trabajadores arreglan con los empleadores para hacer figurar un monto de cobro inferior hasta antes de los tres últimos años y luego hacen figurar el salario real o, inclusive, un monto mayor de lo que cobran (haciéndose cargo por 36 meses de la diferencia mayor) para poder cobrar una jubilación más alta.

Halley inclusive dijo que el sistema permite recién poder cotizar desde los 35 años, ya que se cumplirían los 25 años de aporte a los 60 y la persona retiraría allí el monto del 100% de la jubilación. “Hace 77 años que no se cambian los parámetros, y eso no está bien”, afirmó.

Sobre la cuestión, manifestó además que es necesario tener en cuenta las nuevas modalidades de trabajo como las personas que trabajan como choferes de Uber o quienes tienen empleos a través de plataformas digitales.

“Ser formal hay que hacerlo más atractivo y más barato”, señaló, al tiempo de indicar que la carga de los informales recae sobre los formales.

Como dato adicional, el gerente explicó que la jubilación promedio que paga IPS es de G. 3.500.000. “El haber jubilatorio mínimo es G. 1.096.000 y el haber jubilatorio máximo son 10 salarios (G. 22.000.000)”, manifestó.

PEDIRÁN VETO DE LEY

Halley dijo que no quedan dudas de que pedirán el veto a la ley que manotea los fondos de IPS para subsidiar a los comerciantes de frontera, un proyecto que fue aprobado por el Congreso.

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“No solo vamos a solicitar el veto, sino que debemos solicitar la inconstitucionalidad del artículo tercero de esa ley. La conducción política y concuerda técnicamente”, finalizó Halley, que se refirió así a los US$ 10 millones de la institución que se quieren usar en estos fondos para asistir a los comerciantes de frontera.

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