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Halley destacó esta mañana que en total el año pasado se registraron 100.000 trabajadores suspendidos por la pandemia del COVID-19, además de 50.000 aislamientos preventivos, por vulnerabilidad y reposos.
De los U$S 100 millones pagados por el Gobierno al IPS en concepto de deudas, se han invertido U$S 66 en compensaciones económicas. Halley destacó que quedan unos U$S 34 millones para afrontar las compensaciones que se extenderían hasta el mes de junio.
“Y aparentemente este pico de casos va a generar más suspensiones. Creo que vamos a gastar alrededor de 2 millones de dólares al mes, con lo cual tenemos para cubrir los seis meses suficientemente (…) Aún si se da un pequeño pico y sube la demanda, vamos a aguantar bien”, aseguró.
Recordó en ese sentido que ya el Congreso extendió la vigencia de la ley de emergencia en cuanto al pago de las compensaciones de IPS y ya esta semana se estarían realizando los procesos de liquidación y pago.
Por otra parte, destacó que esta situación demostró la importancia de la formalidad y aportar en IPS, puesto que mientras los del sector formal recibían G. 1.096.000 cada mes en plena crisis, los que trabajan “en negro” debían apelar a los subsidios o cambiar de rubro para intentar sobrevivir.
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Solo el 44% de los trabajadores están formalizados
El Instituto de Previsión Social registra a más de 800.000 cotizantes que reciben prestaciones de salud y aportan para su jubilación. Según Halley, eso significa que solo el 44% de la población económicamente activa está formalizada.
En total, hoy hay 1.451531 asegurados que reciben las prestaciones de salud: 818.910 son cotizantes y 632621 son familiares.
“Eso quiere decir que el 44% de la población económicamente activa obligada a estar en IPS, está. Es decir que hay una evasión del 56%. De 10 trabajadores, 6 están en negro y 4 formalizados. Esa es la relación que hay que revertir este año y buscar disminuir al menos hasta el 40% la evasión”, manifestó.
“Se deben hacer reformas para que la gente vea la conveniencia de cotizar. Se debe entender que no es un gasto sino una inversión a futuro”, añadió en otro momento. En ese sentido, dijo que se tiene que llevar a cabo un trabajo en conjunto entre muchas instituciones para identificar bolsones de informalidad e ir atacándolos.
Por otra parte, hizo énfasis en la necesidad de realizar una reforma en el sistema jubilatorio.
Contó que en el 2.000 se realizó un estudio y se concluyó que la sostenibilidad del sistema jubilatorio del IPS es de hasta el 2044, momento en que los ingresos se van a cruzar con los egresos y se empezarán a utilizar los ahorros y el dinero invertido en los bancos. Aseguró que si no se hacen cambios el dinero de los fondos de pensiones se va a acabar en el año 2065.
“No se hicieron las reformas y se acercan al horizonte actuarial (…) Hoy el IPS recauda U$S 100 millones de dólares por mes, U$S 54 millones van al fondo de jubilaciones, se gastan 33 millones de dólares en pagar beneficios cada mes, lo que sobra se va a los bancos y constituyen las reservas que son de 2.200 millones de dólares. Si hoy no se realizan los ajustes, en el 2040, los 54% que entran se utilizará por completo a los beneficios y se empezará a usar las reservas”, detalló.
Finalmente, destacó que es ahora el momento de debatir sobre la reforma, antes de que el sistema jubilatorio esté en crisis.