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El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento en diciembre último, a través del Ministerio de Hacienda, establece como medida transitoria la sanción de leyes para la reforma del Estado en los próximos cuatros años.
“Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, durante el plazo señalado en el artículo precedente, deberán, en el marco de sus respectivas competencias, formular y sancionar las leyes necesarias para la reforma del Estado, con el objetivo de mejorar la calidad del gasto y la prestación de los servicios públicos de calidad”, indica el artículo 26.
El párrafo siguiente dispone que para tales efectos, el Ejecutivo, a través de Hacienda, presentará un plan de acción a corto y mediano plazo, dentro de 90 días a computarse desde la entrada en vigor de la presente ley.
A pesar de que el Ejecutivo, en teoría ya dispone de los planes de reforma del Estado de acuerdo con la lista de proyectos incluidos en el plan de recuperación económica “Ñapu’a Paraguay” que está en ejecución, deberán pasar otros tres meses para la presentación de los proyectos de ley y con esto se seguirá dilatando el proceso comprometido desde hace años por los diferentes gobiernos de turno, incluyendo este de Mario Abdo Benítez.
El plan de recuperación económica denominado “Ñapu’a Paraguay” incluye planes de reforma, como la mejora del sistema de compras públicas que se anuncia desde hace tiempo y debía ser entregado al Congreso antes de finalizar el periodo parlamentario, pero quedó de nuevo postergado.
Además, la reestructuración del Estado, la reforma del sistema de salud, de educación, del clima de negocios, la creación de la superintendencia de jubilaciones y pensiones, entre otros, figuran en el listado de proyectos.
La reforma que impulsó el gobierno con éxito hasta ahora es sólo para que la gente pague más impuestos y se recaude para sostener el creciente gasto del Estado, ya que las demás no avanzan y mientras esto ocurre continúan sin parar los nombramientos y las contrataciones de personal.
Deuda y déficit
El proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal plantea, entre otros puntos, ajustes en las reglas macro-fiscales, en el Consejo Fiscal Asesor y crea un Fondo Soberano.
En el capítulo de reglas macro-fiscales se establece un tope a la deuda pública del 40% del producto interno bruto (PIB) estimado para el respectivo año fiscal, pero autoriza a incrementar por encima del referido límite en forma temporal para financiar el déficit, cuando se aplique las reglas de excepción o cláusula de escape.
La deuda pública alcanzó a fin de año 33,5% del PIB, lo que equivale a casi US$ 12.000 millones, nivel muy por encima del 30% del PIB considerado por economistas locales y exministros de Hacienda como razonable y sostenible para un país como el nuestro.
En lo que respecta al déficit fiscal, se propone hasta 1,5% del PIB cuando la deuda pública es menor a 36% del PIB y hasta 1% cuando la deuda sea igual o mayor al 36%. Sin embargo, podría ir hasta 3% del PIB al aplicarse las reglas de excepción, sea por declaración de emergencia por parte del Congreso o por una fuerte caída de la economía, en este último caso sin necesidad de solicitar autorización al Congreso.