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En comunicación con ABC la senadora Masi habló sobre la ley Fonaress que tomó notoriedad con el caso de Bianca, para quien sus padres impulsaron una campaña a fin de recaudar fondos para costear su tratamiento contra la atrofia muscular espinal (AME), pese a que conforme a la normativa el Estado debe asignar fondos para asistir a personas con enfermedades catastróficas.
“Esta ley se aprobó en 2011, se reglamentó en el 2013 y ahí quedó, este fue nuestro debate de siempre”, explicó la legisladora.
De acuerdo a sus afirmaciones, la normativa requiere una actualización y la revisión de las fuentes de financiamiento ya que las que fueron establecidas nunca pudieron efectivizarse. “Hay que actualizar también esta ley, aparece la AME tras una discusión, estamos hablando también de los recursos humanos que deben tener experiencia”, apuntó.
Igualmente, comentó que desde el Ministerio de Salud, manifestaron interés en “revivir” la ley, con adecuaciones a la actualidad y viabilidad de la misma. “Hoy justamente tuvimos una reunión con el ministro de Salud, él explicó cómo se iba a dar el proceso del caso Bianca, también solicitó algunos cambios en la ley y eso me parece correcto”, contó.
El principal inconveniente con la puesta en vigencia del Fonaress es los fondos para financiarla. Al respecto, Masi sostuvo que se tiene que reconsiderar los sectores que aportarán a este fondo y por sobre todo, velar porque se cumplan las disposiciones pertinentes. “Hay que darse de una buena vez el fondeo, ahí las cosas van a comenzar a despegar”, enfatizó.
La ley Fonaress fue creada en 2011 para quienes no tienen seguro médico o una protección financiera efectiva puedan acceder a servicios de salud costosos si así lo requieren. Fue reglamentada en 2013 pero nunca tuvo el decreto del Poder Ejecutivo.
En la normativa se estipulo una cobertura médica para pacientes sin recursos para costear insuficiencia renal, mediante diálisis; cardiopatías, mediante intervencionismo diagnóstico o terapéutico, así como cirugías cardiacas; cáncer, mediante drogas antineoplásicas, técnicas especializadas y tratamiento paliativo; y trasplantes, mediante la cobertura de los procedimientos quirúrgicos y la utilización de drogas inmunosupresoras. En 2019 mediante la conocida como “Ley Blanquita” dicha ley fue modificada y se incluyó cobertura médica para el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME).
Los recursos para solventar dicha ley estaban establecidos por, anualmente, el equivalente de 39.801 salarios mínimos proveniente de fondos sociales de las binacionales, 19.901 salarios mínimos proveniente de recursos del Tesoro Nacional, 5% de las recaudaciones de impuesto selectivo al consumo del tabaco y alcohol, y con el 50% de premios no entregados de juegos de azar.
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