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El intendente de Encarnación, Luis Yd, está molesto con el Gobierno por el decreto 4.455 que aplica más medidas restrictivas por dos semanas para evitar la expansión del coronavirus, que tuvo un repunte de fallecidos y de casos confirmados en las últimas semanas.
Yd aseguró en conversación con ABC este miércoles que la municipalidad estudia acciones legales contra el decreto y asegura que la Comuna tiene autonomía jurídica en la playa.
“Hoy estaremos trabajando con los asesores jurídicos (para plantear una acción de inconstitucionalidad contra el decreto por cuarentena). Las playas son espacios públicos administrados bajo autonomía municipal y (choca) con el decreto con el que nos amanecimos el lunes”, declaró el jefe comunal hoy.
En ese sentido, dijo que existe un protocolo en el que se trabajó con el Ministerio de Salud durante tres meses para poder implementarlo en la temporada veraniega y que bien podría aplicarse.
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Yd opinó que la prohibición del uso de las playas, sumado al bloqueo del puente con Posadas, genera una situación insostenible para el comercio regional.
“No comprenden (en el Gobierno) la realidad de lo que es Encarnación. A pesar de haber gestionado un protocolo, aun así sale un decreto en donde dice que la playa no está habilitada”, añadió, asegurando que “el último pulmón” para la supervivencia económica de la ciudad son las playas y el turismo regional.
“Esto (el decreto) atenta contra la autonomía municipal, contra la economía en modo COVID, los gastronómicos en la misma cosa, todo dentro del marco de lo que el MSP exige, pero indigna sobremanera”, lamentó.
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Yd dijo que parece que “no es el mismo Gobierno” el que da las directrices para operar en cuarentena porque, por un lado, la ministra de Turismo, Sofía Montiel, “se pasa viajando y promocionando el turismo interno”, mientras que por el otro se suspende la actividad del uso de las playas en Encarnación.
Finalmente, tuvo consideraciones políticas e indicó que por este planteamiento “seguramente” será amedrentado por el Ministerio Público. El protocolo para playas y balnearios fue aprobado a inicios de noviembre pasado, pero aún no está siendo aplicado por las autoridades.
