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Personal de LMJ S.A, propiedad de Luis María Unger, intentó ingresar nuevamente en el inmueble de su propiedad, pero al igual que ocurrió en agosto de 2018, fueron repelidos por militares de la II División de Infantería, con asiento en Villarrica, y pobladores de la compañía Caundy de Félix Pérez Cardozo.
Se trata de un área cercana a la ruta Villarrica-Paraguarí y es parte de una de las dos fincas que suman casi 1.700 hectáreas y que abarcan tanto Villarrica como Félix Pérez Cardozo, de acuerdo a datos de Catastro y de la Dirección General de Registros Públicos (DGRP). El inmueble lo compró LMJ en un remate en 2011, y las autoridades de la II División de Infantería aseguraron que había una superposición de títulos de propiedad sobre al menos 300 hectáreas.
La Procuraduría General de la República impulsó acciones legales, pero perdió en las tres instancias. Tras años de litigio, en 2017 la Corte falló a favor de la empresa, reconociendo a la firma privada como la legítima propietaria, explicó el abogado y uno de los representantes legales de LMJ, Enrique Ferreira Pérez.
A pesar de que la máxima instancia judicial puso punto final sobre la discusión de la titularidad, la oposición de militares y pobladores continúa. La empresa intentó este martes empezar con los trabajos de limpieza del predio con miras a su loteamiento, pero decidió retirarse minutos después.
La porción de 300 hectáreas que reclamaban las Fuerzas Armadas es utilizada como campo comunal por los pobladores de varias compañías de Villarrica y Félix Pérez Cardozo. El representante de los vecinos, el abogado Ángel Ruiz Díaz, reconoció que el título está a favor de LMJ S.A., pero sostuvo que la Procuraduría debe recurrir otra vez a la justicia y en esta oportunidad intentar anular la escritura.
La dirigente social Teresa Cristaldo sostuvo que el remate de 2011 fue irregular, se “cocinó” a favor de LMJ y que el inmueble era del Estado paraguayo. No obstante, de acuerdo al historial del título de propiedad, ambas fincas eran propiedad privada y tras un juicio de cobro de honorarios por una sucesión se terminó liquidando.
Igualmente, los vecinos y militares argumentan que existe una orden de no innovar, tramitado en un Juzgado de Villarrica a pedido de la Procuraduría. Pero la medida cautelar es sobre una finca que le pertenece a la II División de Infantería y que colinda con una finca de LMJ. Como en juicio se determinó en todas las instancias que no existe superposición de títulos, la empresa no tiene impedimentos para trabajar sobre su inmueble, detalló también Ferreira Pérez.
Por otro lado, el abogado de la empresa indicó que LMJ se compromete a donar una parte para destinarlo a un campo comunal, pero no se está dispuesto a ceder las 300 hectáreas.