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El ministro asesor de la Asuntos Internacionales, Federico González, habló esta mañana sobre las críticas de Amnistía Internacional, que ayer difundió un informe en el cual se cuestiona la cuarentena obligatoria en los albergues, sin plazos fijos para los repatriados, y se califica incluso de invasiva esa medida antes que la aplicación de campañas de educación.
Al respecto, González señaló que le sorprendió profundamente el informe de AI. “Emitimos desde el Codena un comunicado donde rechazamos las violaciones de derechos humanos. Hoy puedo decir que los albergues se constituyeron en un cordón y barrera sanitaria; si pudimos llegar a este punto fue gracias a la aplicación de los albergues”, expresó.
Asimismo, en cuanto a las supuestas violaciones de derechos humanos, manifestó que no aceptan las críticas “bajo ningún concepto”, puesto que muchos de los que pasaron por los refugios del Gobierno han destacado positivamente el trato y saben que es falso el cuestionamiento. “Pedimos que se acerquen para que vean la calidad del albergues, porque son abiertos”, señaló.
Asimismo, hizo énfasis en que, por casos excepcionales, en muchas ocasiones mandaron a cumplir aislamiento en sus casas a las personas de la tercera edad o con enfermedades de base, pero el cumplimiento voluntario fue muy escaso. “De 10, solo 3 cumplieron el protocolo; el resto violó la cuarentena y ese probablemente sea el motivo de la propagación del virus en nuestro territorio”, sentenció.
También resaltó que el sistema de albergues local fue alabado en todo el mundo y varios países, como Suiza, están ahora aplicando el mismo protocolo para contener la expansión del virus.
González confirmó que hasta la fecha 19.500 personas han pasado por los albergues y cerca de 10.000 están en proceso de repatriación.
Lea el informe de AI: Américas: Las autoridades convierten las cuarentenas gestionadas por el Estado en una forma de represión
Críticas de Amnistía Internacional
La organización publicó ayer un informe denominado “Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas”, en el cual se habla de cómo, en tres países, “las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos, a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos”.
Además de Paraguay, menciona a Venezuela y El Salvador. Según AI, “las terribles condiciones” de los refugios tienden a convertirlos en espacios contraproducentes donde se corre el peligro de contraer COVID-19.
En el caso del Paraguay, destacan que a finales de junio, las autoridades impusieron la cuarentena a unas 8.000 personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal en el Brasil debido a las medidas de confinamiento adoptadas allí con motivo de la pandemia.
“Según información recibida por la organización de esos tres países, la gente llevaba en cuarentena bastante más tiempo de los 14 días recomendados actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en algunos casos, más de un mes”, mencionan.
También cuestionan que las personas sometidas a la cuarentena obligatoria no tengan acceso suficiente a información sobre cuánto tiempo estarían recluidas ni sobre los criterios científicos aplicados en un momento dado para determinar su salida del aislamiento o confinamiento.
En ese sentido, afirman que ello constituye una violación de su derecho a la información y del requisito impuesto por el derecho internacional de los derechos humanos de que toda medida de privación de libertad, “aun cuando tenga la finalidad de proteger la salud pública”, debe estar prevista en la ley y ser necesaria, proporcionada y de duración limitada.
“Las autoridades solo deben poner a la población bajo custodia del Estado cuando hayan fracasado otras medidas menos invasivas, como la cuarentena voluntaria y las campañas de educación. Si imponen el cumplimiento de una cuarentena, deben proporcionar las condiciones adecuadas, proteger frente a violaciones de derechos humanos y garantizar que no se use de forma discriminatoria contra comunidades específicas”, sentencia la organización.