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El ministro Julio Mazzoleni había instruido sumario a los funcionarios de la institución, a finales del mes de mayo, en el marco de los procesos fallidos para adquirir insumos y trajes de protección de origen chino contra el COVID-19.
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Al respecto, en la fecha, el titular de la cartera estatal confirmó en comunicación con ABC que los procesos administrativos están en su última etapa. “Justamente esta semana me informaron que está en etapa de finalización y se va a dar ya una... No sé si el término correcto es una sentencia o una resolución, pero esta semana se da. Como saben, tiene un plazo de 60 días hábiles, entonces esto se está definiendo en estos momentos, esta semana seguramente”, puntualizó.
Es importante remarcar que este fue uno de los casos más polémicos en que se vio envuelto el Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Hace referencia a la compra vía excepción N° 36 por un total de G. 85.000 millones a las empresas Imedic y Erotec, a las cuales se entregó un adelanto de G. 17.000 millones.
La tan esperada carga de insumos chinos llegó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en abril pasado, tras poco más de un mes del inicio de la pandemia en el país. Sin embargo, gran parte de los productos fueron rechazados por el Ministerio de Salud debido a que no cumplían las especificaciones técnicas requeridas. En ese contexto, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe de 41 páginas que apuntaba a que dicho proceso de licitación contenía una serie de irregularidades.
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Tras este hecho, el ministro Julio Mazzoleni resolvió suspender el contrato, anunciar el cobro de la póliza y la instrucción de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades dentro de la secretaría de Estado. Por su parte, un grupo de legisladores presentó una denuncia al Ministerio Público para que este investigue la adjudicación presuntamente amañada, mientras que el Ministerio de Salud hizo lo suyo en contra de las dos empresas proveedoras.
La instrucción de sumario se realizó vía resolución AJ N° 379 al exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones Pablo Lezcano y a los funcionarios que conformaron el Comité de Evaluación: Mirta Eloisa Morán Maldonado, Gustavo Andrés Cuevas Ayala, Pedro Ramón Adrián Santander, Diego Marcelo Sosa Jara, Augusto Manuel Portillo Delvalle y Larizza Andrea Ginés Cantero.
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La Fiscalía, a su vez, abrió una investigación de la causa y tras realizar una serie de allanamientos decidió imputar al empresario Justo Ferreira y a su hija Patricia, ambos de la empresa Imedic SA, por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Sin embargo, hasta la fecha, no hay funcionarios de Salud responsabilizados por los procedimientos irregulares que se llevaron a cabo en el marco de la licitación.