Operación cicatriz para que Abdo “llegue bien” al 2023

Los objetivos de la operación cicatriz, impulsada por el veterano dirigente colorado José Alberto Alderete, de máxima confianza del Presidente, son presuntamente dejar de lado las diferencias internas, dar gobernabilidad al Mandatario para que concluya bien su mandato y así mejorar las chances electorales de la ANR el año próximo y en 2023. Sin embargo, se sospecha de una “agenda oculta” que se resumiría en 9 puntos. Algunos ya se cumplieron.

El expresidente Horacio Cartes y el presidente Mario Abdo Benítez, tras un periodo tormentoso, firmaron la paz, al menos por un tiempo, con la operación cicatriz.
El expresidente Horacio Cartes y el presidente Mario Abdo Benítez, tras un periodo tormentoso, firmaron la paz, al menos por un tiempo, con la operación cicatriz.Archivo, ABC Color

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1. Ingreso de dirigentes de Añetete al Comité Ejecutivo del Partido Colorado, ya concretado con la incorporación de José Alberto Alderete (vicepresidente primero), el senador Silvio Ovelar (secretario político), Jazmín Narváez (miembro) y el ministro de Desarrollo, Mario Varela (secretario), quienes se suman al senador Luis Castiglioni (vicepresidente segundo), al senador Juan Carlos Galaverna (miembro) y a la senadora Lilian Samaniego (miembro). Se formaliza así una pretendida “institucionalidad partidaria” con una amplia mayoría cartista (11 miembros a 6).

2. Cogobierno encubierto en directivas y “bajadas de línea” de la Junta de Gobierno con mayoría cartista. La administración de Mario Abdo Benítez deberá llevar sus iniciativas y propuestas ante el partido para que sean analizadas, modificadas o rechazadas, para luego instar a todos los parlamentarios colorados a apoyarlas.

3. Cambios en el Gabinete de Abdo Benítez, a mediano o largo plazo; el cartismo exigiría las cabezas de Rodolfo Friedmann (Agricultura), Eduardo Petta (Educación), Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Senad), Emilio Fuster (Anticontrabando), José Casañas Levi (Anticorrupción-MEC); enemigos declarados del líder de HC en algunos casos y otros por no pertenecer a la ANR pese a que en el gobierno de Cartes también había ministros y secretarios de otros sectores políticos.

4. Facilitar impunidad a corto, mediano y largo plazo, entre otros la del senador cartista acusado Javier Zacarías Irún, el exsenador cartista acusado Óscar González Daher, el condenado exsenador cartista Víctor Bogado y los diputados procesados de Añetete, Miguel Cuevas y Ulises Quintana. A través de fiscales y jueces se congelarían causas, habría sobreseimientos o penas mínimas.

5. Candidaturas “consensuadas” (únicas) de intendentes en la mayoría de los municipios del país con la chapa de “Concordia Colorada” para las elecciones internas municipales del año próximo. Se dejarían de lado las chapas de Colorado Añetete y Honor Colorado. Con esto se intentaría evitar la competencia interna y los “enojos” de dirigentes que luego hacen “brazos caídos” o directamente trabajan contra la candidatura colorada de su municipio.

6. Impulsar intervención y eventual destitución de intendentes no colorados con aprobación en la Cámara de Diputados para reemplazarlos por colorados, particularmente en municipios importantes como en el caso de Encarnación, Pedro Juan Caballero, Concepción, etc. Al mismo tiempo, evitar que en municipios a cuyo frente están colorados, estos sean destituidos por corrupción.

7. Respaldo judicial a Horacio Cartes para evitar eventual extradición en el caso que lo vincula al Lava Jato y al “doleiro” (cambista) y “amigo del alma”, Darío Messer. También se incluiría permisividad para los “negocios” en la frontera, con el contrabando y operaciones similares.

8. Evitar las críticas directas al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, desde los medios de comunicación del grupo Cartes así como de parte de legisladores cartistas en el Congreso, ya puesto en práctica en los últimos días con el silencio de parlamentarios cartistas habitualmente críticos al Poder Ejecutivo.

9. Gobernabilidad consistente en evitar cualquier eventual iniciativa de juicio político al Mandatario y a los ministros del Poder Ejecutivo, con ayuda de la “aplanadora” de votos colorados en la Cámara de Diputados. Dada la mayoría absoluta de votos de las bancadas coloradas unidas, se evita cualquier riesgo de destitución del Presidente ante las denuncias contra él por mal desempeño de funciones.

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