El abogado del Tesoro Fernando Benavente informó que hasta el momento recepcionaron unos 33.000 registros a pesar de las dificultades y en medio de la pandemia. No obstante, esta cantidad de solicitudes no llega ni al 50% del total de organizaciones y empresas que deben informar.

El registro de beneficiarios finales es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) a fin de fortalecer las medidas preventivas de lavado de dinero y consiste básicamente en la identificación de quiénes componen y tienen participación en la sociedad u organización. Para el efecto, el registro es totalmente online y deben informar por un lado lo referente a la constitución, estatutos y paquete accionario, entre otros; mientras que, por el otro lado, identificar a los beneficiarios finales con nombre y apellido, cédula y RUC.

Según el funcionario, por el momento no tienen previsto una nueva prórroga y las multas por la no comunicación en plazo son de hasta 100 jornales (G. 8.432.000), que quedan reducidas a 50 jornales (G. 4.216.000) si se abonan en sede administrativa, detalló.

La ley 6446/19, que crea el registro administrativo de beneficiarios finales dispone además fuertes sanciones para las personas y unidades jurídicas que no cumplan con la obligación del registro y actualización anual de datos. Entre las sanciones se prevén la cancelación del RUC, prohibición para emitir cuentas en el sistema y multas que pueden ir entre 50 y 500 jornales mínimos (entre G. 4.216.000 y hasta G 42.161.000)

Cabe señalar que tras la reglamentación de esta nueva disposición en enero último, la obligación de informar empezó a regir al mes siguiente, en febrero, para RUC que terminen en 0-3, en marzo para 4 al 6 y abril 7 al 9; pero estos plazos se trasladaron por la cuarentena a junio y julio para los últimos grupos respectivamente. O sea, para este mes podrán registrarse sin multas los contribuyentes cuya terminación del RUC sean del 7 al 9.

Al respecto, la Lic Lilian Torres del Movimiento Resistencia Contable cuestionó el poco tiempo que se otorgó para el registro de beneficiarios, además no hubo tiempo para la capacitación a los profesionales que deben encargarse de presentar estos informes a la Abogacía del Tesoro. “Hay mucho desconocimiento sobre el tema. Si bien la presentación es 100% digital, el procedimiento es bastante complejo y son muchos datos que se deben presentar”, detalló.

Por su parte, la Lic. Alba Talavera del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) refirió que el registro de beneficiarios se viene desarrollando sin mayores inconvenientes y que el gremio está asesorando a los colegas asociados. No obstante, adelantó que desde el CCP estarán analizando solicitar la postergación de multas, atendiendo a que todavía hay muchos clientes que faltan cumplir con el requisito, además hay una superposición de compromisos que también tienen sus plazos y las instituciones públicas tienen sus propias limitaciones. “La Dirección de Registro Público está abarrotada y no le da la capacidad de atender todas las solicitudes”, refirió Talavera, en relación a los trámites de sociedades.

Iglesias también deben informar

Las unidades jurídicas que deben informar sobre sus beneficiarios finales, socios o miembros comprenden entre otros a las iglesias, las universidades, asociaciones con o sin fines de lucro, fundaciones, cooperativas, todo tipo de sociedades simples, colectivas y demás.