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La semana pasada, esta organización hizo público el uso con fines particulares que estaría haciendo este funcionario de una camioneta de la institución. Este hecho, sin embargo, fue rechazado por el funcionario, quien afirmó a este medio que en su vivienda no había ningún vehículo del Estado.
“Nos ratificamos en nuestra denuncia el miércoles y esperamos que esta vez la Fiscalía haga algo al respecto, ya que no se animó a intervenir cuando le teníamos cercado al funcionario con la camioneta dentro del estacionamiento de su casa, en el barrio Ka’aguy Rory”, señaló Óscar Flecha, uno de los coordinadores de la organización.
El miércoles de la semana pasada, un grupo de activistas de CUDI hizo un seguimiento al funcionario, quien hace oficina en la ciudad de Coronel Bogado pero vive en Encarnación, y pudieron constatar con filmaciones que el mismo no solamente utiliza el vehículo y combustible del Estado para ir a hacer oficina, sino que también para buscar a su pareja del circuito comercial de Encarnación, según pudieron constatar.
“Le seguimos hasta la casa, donde guardó el vehículo sin que se pueda ver desde la calle, esperamos frente a la vivienda en vano a que el fiscal de turno, Édgar Villaverde, se presente y pida un allanamiento de la vivienda para constatar la presencia del vehículo”, señaló.
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“Esperamos que ahora, con la ratificación de la denuncia, se tome el trabajo de investigar, porque nosotros no vamos a quedarnos quietos, le vamos a hacer el seguimiento a la denuncia”, afirmó.
Flecha lamentó el escaso interés que tiene el Ministerio Público en investigar los hechos de corrupción. “El día de la declaración ratificatorio de la denuncia fui citado para las 9 de la mañana y recién a las 10:30 me tomaron declaración, el fiscal vino para las 8:00 y antes de las 10:00 ya se retiró. Estuvimos una hora y media en la vereda, un día de lluvia, esperando, esa es la forma en que nuestros fiscales tratan a los ciudadanos que denuncian la corrupción”, cuestionó.
Fiscal pedirá informes
El fiscal Édgar Villaverde, ante cuya unidad fiscal se presentó la denuncia, señaló que para este tipo de acciones el Art. 17 del Código Procesal Penal prevé la querella por acción penal privada y rechazó las críticas de los manifestantes por no pedir allanamiento de la vivienda del funcionario.
“Existen impedimentos legales en este tipo de hechos, y no es así como plantean los del CUDI. Se debe querellar por acción penal privada”, dijo. No obstante, anunció que pedirá un informe detallado al ministro de la cartera de Estado sobre el caso de supuesto uso indebido del vehículo del Estado. Rechazó las expresiones del activista Flecha y dijo que no es cierto que no reciba a la gente que acude a su unidad fiscal.
Nota de repudio
Una Asociación de Técnicos Contratados de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dio a conocer a través de una nota a la opinión pública su posición de repudio al usufructo indebido de bienes de la institución y pide la intervención de la gerencia de la zona Itapúa sur del organismo.
El escrito, que fue difundido por diversos medios, lleva la firma de Teresa Almada, Benigno Villalba y Mónica Syrlani Dejesús González, directivos de la entidad.