Cargando...
La jueza Garcete cuestionó ampliamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público, pero hay un elemento fundamental que utilizó para que finalmente el senador sea sobreseído definitivamente y es el hecho de que los delitos que se le acusan al exlegislador ya fueron juzgado por un Tribunal de Cuentas en el periodo 2014-2015.
La magistrada se refirió a la aprobación de los balances de la gestión del entonces intendente interino de Ciudad del Este, Alberto Rodríguez, también imputado y ahora sobreseído definitivamente y argumentó que estos, al ser juzgados por el Tribunal de Cuentas ya invalida el juzgamiento de los hechos punibles imputados por la Fiscalía.
Lea más: Blanquean a Zacarías y McLeod en caso de desfalco de G. 1.200 millones
“El 2014 y 2015, sobre esa porción de hecho el Juzgado resolvió hacer lugar a una excepción de falta de acción por falta juzgada, esto quiere decir que el juzgado advirtió que esa porción de hecho fue juzgada por el Tribunal de Cuentas”, argumentó la magistrada, recordando el impedimento judicial de que una persona sea doblemente investigada por una misma causa.
Cabe recordar que la función del Tribunal de Cuentas es juzgar la concordancia de los balances con los documentos rendidos, no así el destino final de los fondos municipales que es lo que en este caso está en discusión. A esto hay que agregarle que la rendición ante los juzgados justamente es una estrategia utilizada por los jefes comunales para evadir los controles de la Contraloría General de la República (CGR), que realmente es el órgano constitucional designado para fiscalizar las gestiones municipales.
“En un proceso de rendición de cuentas lógicamente no se investigan circunstancias que tienen relevancia penal, por ejemplo, lo que la defensa sostuvo es que no hubo faltante de dinero. Sí, todo estaba documentado, ahora, el destino del dinero es lo que empezamos a ver”, explicó el fiscal Diego Arzamendia, uno de los asignados a la causa.
Justamente, se menciona que Javier Zacaría Irún, quién era “asesor adhonorem” de la comuna esteña, ordenó pagos con dinero de la municipalidad a una empresa denominada Frontera Producciones, que a su ver subcontraba a otras empresas para realizar desde propaganda proselitista a favor de diversos miembros del Clan Zacarías hasta incluso alquilar locales de radios y pagar sueldo de periodistas.
“Esas cuestiones no fueron juzgadas y lógicamente no corresponde luego al Tribunal de Cuentas”, remarcó el fiscal, quién al ser consultado sobre si la jueza incurrió en prevaricato, respondió: “Estamos convencidos, es más nosotros tenemos argumentos jurídicos para sostener eso, es más, quedamos sorprendidos por lo manifestado y tenemos las herramientas procesales para revertir esa situación”.
“Lo que la jueza hizo es resolver una excepción por falta de acción, considerando que los hechos que fueron plasmados en la segunda imputación son los mismos que ahora fueron juzgados, es por eso que habla del doble juzgamiento, sin embargo lo que ella obvió totalmente mencionar es que son órdenes de pago totalmente distintos, son cheques de fechas distintas, son órdenes por servicios realizados en otros lugares y otros momentos, son circunstancias y hechos que de ninguna manera corresponde a la primera imputación, eso está detallado en este caso en la acusación, al verificar los documentos uno se da cuenta perfectamente que son distintos hechos y momentos”, acusó el fiscal mencionando que la jueza decidió desechar de un tajo la investigación, sin siquiera analizar los elementos.
La jueza Garcete Urunaga dijo que supuestamente no evaluó las pruebas sino la legalidad de las mismas y refirió que supuestamente se violaron los derechos del legislador al incluirse conversaciones vía Whatsapp entre él y otro acusado, Juan Domingo Sanabria, el exdirector de Prensa y Publicidad de la Municipalidad, sin respetarse el protocolo legal.
Dichas conversaciones, donde se ordenan pagos a la empresa Frontera e incluso a directamente periodistas, fueron aportadas por el propio Juan Domingo Sanabria, quién durante la investigación pasó de ser testigo clave aportando datos, a desdecirse y argumentar que supuestamente fue coaccionado por los fiscales del caso.
“Yo no valoré ningún elemento de prueba, sino que verifiqué la legalidad y la pertinencia de estas”, insistió la magistrada en varios momentos, defendiendo su actuación como Jueza Penal de Garantías