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El gremio de profesionales remitió ayer una nota al viceministro de Tributación, Óscar Orué, para sentar postura y preocupación al respecto, así como presentar propuestas para la modificación de la nueva normativa emitida el último viernes 22 o, de lo contrario, que sea derogada.
La SET, después de once años, actualizó el monto anual de facturación elevando de G. 6.000 millones (US$ 923.076 al cambio vigente) a más de G. 9.201 millones (US$ 1.415.560 al cambio vigente) y con esta medida, como mínimo, más de 2.000 contribuyentes serán excluidos de esta obligación y no tendrán que contratar a auditores.
A criterio del Colegio de Contadores, el monto a partir del cual debería ser exigible la auditoría externa impositiva es el que resulte en función al IPC del periodo noviembre de 2018 a octubre de 2019 y con esto el monto debería ser 6.145 millones (US$ 945.507 al cambio vigente).
Plantea que lo dispuesto en la resolución 53 sea para los ejercicios fiscales a partir del 01/01/2021, 01/05/2021 y 01/07/2021. “No hacerlo constituye un peligroso camino de la inseguridad jurídica que la administración debe evitar”, sostiene el gremio de profesionales.
Además, expresa que el tema debería ser coordinado entre todos los actores, ya que la referida resolución fue emitida en casi la mitad del ejercicio económico 2020, a lo que también debe sumarse que muchos contribuyentes y auditores externos ya celebraron los contratos de prestación de servicios profesionales y en algunos casos ya con horas insumidas en el relevamiento, planeación y otras tareas que demandan la realización de estos trabajos conforme a estándares internacionales, enfatiza el Colegio de Contadores.
La nota destaca igualmente la necesaria estabilidad y previsibilidad de las normas, “la lucha contra la evasión y corrupción, porque supondrá que una gran cantidad de contribuyentes abandonarán su condición de obligados, lo cual consideramos que traerá consigo la relajación de las exigencias a que están sometidos estos, por los controles de la auditoría externa impositiva, y también que como país existe un compromiso internacionales, como el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) que deberá evaluar la lucha contra el blanqueo de activos, financiamiento del terrorismo internacional y otros flagelos”.
El gremio, finalmente, solicita al viceministro Orué la modificación o la derogación de la Resolución General N° 53, por los argumentos señalados.
La referida resolución dispone igualmente que será aplicable para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 01/01/2020, 01/05/2020 y 01/07/2020, de acuerdo con el mes de cierre de ejercicio fiscal del contribuyente.
En contrapartida a la posición de los contadores, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) aplaudió la medida de la SET porque considera que es muy saludable para las empresas, por las consecuencias negativas que generaron en la economía el coronavirus o COVID-19. “Están muy golpeadas las empresas”, dijo Gustavo Volpe, presidente de la UIP, y agregó, que “esta medida ayudará a reducir los costos de las pymes”.