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Esto ocurre tras haber saltado que, en plena crisis sanitaria y laboral, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) aprobó millonarias recategorizaciones salariales con la excusa de los “cargos de confianza”. Además, hizo contrataciones dudosas de “asesorías” y hasta “por excepción”, sin concurso de méritos, desoyendo al Equipo Económico.
En ese contexto tenemos a Soledad Rivas, quien de directora pasó a ocupar un cargo de directora general y su salario trepó de G. 11.300.000 a G. 17.500.000. Además, Nilda María Ferreira Fleitas fue recategorizada de jefa a directora en el área de Talento Humano de la cartera, con lo que de G. 6.000.000 pasó a ganar G. 11.300.000 más bonificaciones.
Ariel José Caballero fue nombrado como funcionario permanente para desempañar tareas en el Centro Tecnológico de Avanzada de la gerencia de acción formativa del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), con un salario de G. 6.500.000.
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El MTESS también contrató como directora a Viviana Bonino Martínez, con salario más bonificaciones que superan en total los G. 15 millones. Su cargo es directora de Familia Profesional, Imagen, Sonido y Comunicación, dependiente de la gerencia técnica del SNPP.
Incluso, se hizo una serie de contratos “por excepción” de auxiliares administrativos y asistentes, en pleno año de crisis económica y pese a que el SNPP ya cuenta hoy con 1.945 funcionarios; el ministerio, con 433, y Sinafocal, con 227.
Con respecto a estos casos, la ministra Bacigalupo manifestó que la mayoría de los contratos se realizaron dentro del marco legal. Garantizó que el pedido se hizo antes de que comience la crisis por la cuarentena sanitaria y que recién ahora se autorizó por la Secretaría de la Función Pública. Explicó que las recategorizaciones se realizaron con funcionarios antiguos del Ministerio del Trabajo y lo que se hizo fue una reestructuración interna, pero dentro de lo que establecen las reglas laborales.
No obstante, explicó que todas las fojas de estas personas fueron reenviadas al Departamentos e Asesoría Jurídica para una revisión punto por punto para determinar si corresponden o no las recategorizaciones.