Coordinadora de Abogados pedirá a la Corte fallar a favor de la transparencia

La Coordinadora de Abogados del Paraguay pedirá a la Corte Suprema de Justicia que falle a favor de la transparencia y establezca que las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes de los funcionarios públicos son información pública. La plenaria debe definir el amparo para eliminar el secretismo de estos datos y hacerlos accesibles a la ciudadanía.

Esta semana se debería terminar de integrar el pleno de la Corte Suprema para definir sobre las declaraciones juradas.
La plenaria de Corte, integrada por ministros y camaristas, deberá definir sobre las declaraciones juradas.Archivo, ABC Color

La Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) planteará mañana, lunes, incorporarse como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República (CGR) en contra del amparo concedido por un Juzgado y confirmado por una Tribunal de Apelaciones, que obliga a la entidad a dar a conocer a la ciudadanía las DD.JJ. de los funcionarios públicos.

“La intención es dar una opinión fundada con relación al fallo que tiene que salir del pleno de la Corte Suprema de Justicia (...) En este momento el expediente es sí ya está en autos para resolver, pero continúa con la integración. Estimamos que esta semana podría darse ya la conformación de la Corte”, indicó a ABC Color la presidenta de la Coordinadora, la abogada María Esther Roa.

La acción debe ser estudiada por la plenaria de la Corte, integrada por nueve miembros, pero que debido a las recusaciones se completaría con camaristas.

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La Coordinadora pide al pleno que se acepte su incorporación como Amicus Curiae y que los miembros de la plenaria tengan en cuenta la opinión fundada que ofrecen a favor de fallar que las DD.JJ. sean consideradas información de carácter público y de libre acceso a todos los ciudadanos, detalló Esther Roa.

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Este el primer caso de Acceso a la Información Pública que llega a la máxima instancia judicial desde la entrada en vigencia de la ley 5282/14. La acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio de 2018 por el entonces contralor Enrique García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de todas las autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.

El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de bienes. El Tribunal de Apelación, Primera Sala, ratificó el 7 de junio de 2018 la histórica sentencia con los votos de Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans.

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