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Amarilla confirmó que comenzarán la fase de prueba de este sistema de control luego de varias reuniones y ajustes con los Ministerios de Justicia y del Interior, una vez que el Poder Ejecutivo emita el reglamento por ley y se cree la Oficina de Control Interinstitucional que implementará el plan.
Una empresa privada brindó de manera gratuita las primeras 15 tobilleras electrónicas que serán aplicadas a quienes no estén procesados por crímenes ni tengan antecedentes judiciales previos. Además, la defensa y el portador deberán consentir la colocación. “Con esos requisitos se excluye a un gran cantidad de personas a las que se podría haber aplicado”, puntualizó.
Los que podrán portar este dispositivo son aquellos que cuenten con medidas alternativas a la prisión, como libertad ambulatoria, órdenes de alejamiento o prisión domiciliaria.
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El Juez indicó que durante la fase de prueba van a ir viendo las modificaciones necesarias para perfeccionar el sistema de control. Sobre el mecanismo del dispositivo, explicó que cuenta con un sensor que se activa cada vez que el procesado salga del radio permitido por el Juzgado o intente manipular o destruir el aparato.
En dichas circunstancias, se dará aviso a la empresa privada proveedora de los dispositivos, que deberá comunicar inmediatamente al 911 y, a su vez, la Policía Nacional tendrá que informar al juez de la causa.
“Tenemos que trabajar con un reglamento consensuado, serio, sin lagunas”, añadió luego de reiterar que para empezar primeramente se debe reglamentar este plan. Las pulseras y tobilleras son a prueba de agua y sus baterías tendrán que ser recargadas por los técnicos de la empresa.
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