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Caballero fue escrachado por algunos de los socios de la Caja tras su salida del Palacio de López, adonde fue a pedir la validación de las elecciones de octubre pasado, que había ganado.
“Vinimos a peticionar la homologación de las elecciones que se llevaron a cabo para elegir a las autoridades de la Caja Bancaria el 9 de octubre de 2019, en donde resultamos ganadores. Nuestra ley comprende que necesitamos un decreto presidencial, entonces vinimos a pedir al Ejecutivo para que homologue el decreto”, sostuvo Caballero en declaraciones a la prensa, que fueron recogidas por ABC Cardinal.
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Caballero está imputado por lesión de confianza junto con los directivos Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Hamy Campos. Tras ganar las elecciones para lograr sus respectivas reelecciones en octubre, un grupo de socios realizó una denuncia al Banco Central del Paraguay, que ordenó sumario por supuestas irregularidades en la Caja Bancaria.
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Luego intervino la Fiscalía. La agente Stella Mary Cano de Woitas, agente fiscal de la Unidad Penal Nº 3 del Ministerio Público, no solo imputó a los directivos de la Caja Bancaria por supuestos hechos punibles de lesión de confianza, sino que también solicitó al Banco Central la intervención de la Caja, de acuerdo con la nota 639 emitida el 22 de noviembre último.
“Hay una suerte de denuncia en contra nuestra. El Ejecutivo pidió algunas informaciones al respecto”, confesó Caballero, quien se presentó en Palacio junto al abogado de la Caja, Álvaro Arias. “Nos imputó la fiscal Stella Marys Cano. Eso hace que se retrase un poco el tema del decreto”, dijo el titular de la Caja, quien aseguró que el decreto, de igual forma, “estaría listo” pronto.
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Arias negó que existiera irregularidad alguna en la Caja. “La fiscala dice que hay lesión de confianza pero no dice de cuánto es el perjuicio patrimonial. No tiene consistencia esa denuncia”, sostuvo. Además, adelantó que recusarán a la fiscala Cano.
El BCP objetó la contratación de un “seguro médico extra” para casos de excesos en cobertura, por deficiencias en el proyecto, por lo cual solicitó informes al Consejo de la Caja, que no fueron atendidos en tiempo, lo que es configurado como falta grave.
Los diferentes gremios están en alerta debido a antecedentes de quiebra en el pasado que obligó a una fuerte reestructuración y recorte de haberes jubilatorios.