Fiscalía investiga posible implicancia de edil en una red criminal de políticos y policías corruptos

El fiscal Marcelo Pecci, quien forma parte del equipo del Ministerio Público que realizó la serie de allanamientos este viernes en Caazapá, donde se detuvo al concejal departamental Benjamín Adaro Monzón, sostuvo que se investiga si las armas incautadas en los siete allanamientos habrían sido utilizadas en otros hechos delictivos y hasta posibles homicidios. Además, policías y políticos podrían estar operando dentro de una red criminal con posibles vínculos con el narcotráfico. El operativo se llama “Gángster”.

Algunas de las armas incautadas en uno de los siete allanamientos en Caazapá.
Algunas de las armas incautadas en uno de los siete allanamientos en Caazapá.Gentileza, Ministerio Público

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Pecci conversó con radio ABC Cardinal y dijo que la investigación que llevó a los allanamientos realizados hoy en siete lugares de Maciel, Yuty y 3 de Mayo, del departamento de Caazapá, se agregará al caso del atentado que sufrió la Junta Departamental de Caazapá el 8 de agosto pasado.

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El concejal Adaro Monzón tiene vínculos con ese hecho a través de su chofer, Hugo Arsenio Villar Sotelo (33). Además, están ligados a un caso de sicariato que ocurrió en setiembre de 2019, del cual resultó víctima Carlos Jorge Delvalle Lugo (50).

Benjamín Adaro, concejal departamental de Caazapá, al momento de su detención.
Benjamín Adaro, concejal departamental de Caazapá, al momento de su detención.

Esta causa —explicó Pecci— fue reasignada hace poco a la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público. El operativo que arrancó hoy, llamado “Gángster”, en el cual también interviene la Policía, fue realizado tras “denuncias constantes, trabajos de la Dirección de lnteligencia y la de Homicidios de la Policía Nacional”, detalló el fiscal. “Tenemos que poner en contexto con esa causa reasignada en la Unidad de Crimen Organizado”, añadió.

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Hoy se incautaron varias armas, que serán sometidas al sistema de comparación balística de la Policía. Además, fiscales y policías se llevaron varios celulares para peritarlos.

“Hay denuncias de que las armas estarían vinculadas a ciertos hechos contra la vida de personas (...) Lo entiendo como grupos fuertes, económicamente fuertes y poderosos que ejercen control y predominio en estas zonas. Grupos que operan de esta forma son sospechosos incluso de tener derivaciones políticas importantes e instituciones que, en vez de reprender, tendrían actitud complaciente”, dijo Pecci.

Posteriormente, confirmó que dentro de la investigación se incluye a políticos y policías corruptos. “Hay también denuncias de negocios ilícitos presentes en la región, drogas y hechos punibles contra la vida”, concluyó Pecci.

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