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La defensa de Quintana solicitó la revocatoria de la resolución del juzgado que optó por mantener la prisión preventiva del legislador -imputado por los hechos punibles de narcotráfico en grado de complicidad y lavado de dinero- alegando que existe riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
Al abandonar el despacho de la jueza, Quintana expresó que espera que se le otorgue una medida sustitutiva a la prisión. “El Ministerio Público me acusa de asociación criminal, que es crimen, pero es por una ley derogada. Tiene que aplicarse el Código actual, que establece que la prisión mínima es de 6 meses hasta 5 años. Sin embargo, la jueza utiliza una ley que ha sido derogada que dice que es de 5 a 15 años y por supuestamente la expectativa de pena me están sacando la posibilidad de defenderme en libertad”, alegó.
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Aseveró que se está aplicando un ley derogada y que eso es grave. Criticó a la Fiscalía por utilizar un Código derogado para imputarlo por presunta asociación criminal y el Código Penal en vigencia para hacerlo por lavado de dinero. “Se contradicen (...) Usan el Código para acusarme por lavado y una ley derogada por la expectativa de pena, por asociación criminal”, subrayó.
En ese contexto, contó que ofreció como fianza una propiedad de valor de US$ 1.200.000 que es de la madre de su abogado Derlis Martínez. También indicó que la Justicia es muy “selectiva”, puesto que otros parlamentarios con procesos abiertos están libres. “¿Por qué el Ministerio Público tiene un criterio diferente con otros legisladores y conmigo nada más tiene un criterio duro de meterme a prisión?”, cuestionó.
Con incidentes, entre adherentes del legislador y los miembros de la Comisión Escrache, se desarrolló la audiencia de revisión de medidas del diputado esta mañana en el Poder Judicial. Los seguidores del legislador propiciaron un incidente debido a que los del grupo contrario ingresaron a la sala, pero a ellos la Policía no les dejaba pasar.
Quintana aseveró que recibe un trato inhumano, puesto que ni siquiera le permiten ir a visitar a su padre que está internado en grave estado. También agradeció que sus adherentes de CDE hayan organizado una rifa de G. 50.000 cada boleta. Indicó que iniciaron esta campaña porque se encuentra sin salario y no tiene otros ingresos. Además, contó que le cortaron el seguro médico de la Cámara, dejándolo desamparado.
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Ulises Quintana está imputado por los hechos punibles de narcotráfico en grado de complicidad y lavado de dinero. Salió de la penitenciaría militar de Viñas Cue el 8 de julio pasado a través de una irregular decisión de la jueza de garantías Magdalena Narváez. Finalmente, volvió a prisión el 29 de noviembre pasado por orden de la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo. En reemplazo de Quintana asumió la diputada Rocío Abed de Zacarías (ANR, cartista).
El pasado 19 de diciembre iban a tratar en sesión extraordinaria su expulsión de la Cámara de Diputados, pero sus pares dejaron sin quorum la plenaria otorgándole un “respiro”. Ante esto, el legislador pidió que se le remitan las resoluciones de la Comisión Especial que se estableció para analizar su caso y buscará elaborar una defensa para presentar ante el pleno.