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Poco más de 300 socios de la Coordinadora de Pequeños Mineros y Organizaciones Sociales cerraron media calzada durante una marcha pacífica en el microcentro de la localidad de Paso Yobái, como medida de fuerza y de presión contra los directivos de la empresa Latin American Minerals Paraguay S.A., dueña de la concesión para la explotación de oro en la zona, por supuestamente haberles revocado un contrato por el cual se les otorgaba un espacio de 15 hectáreas (dentro de una propiedad privada) para los trabajos de extracción del mineral.
El presidente de la Coordinadora, Abraham Almada, indicó que su organización y Lampa S.A. habían firmado un contrato de servicio por cinco años, de los cuales recién pasó un año, para la explotación de oro en un predio de 15 hectáreas dentro de una propiedad privada del alemán Jochen Langer. Pero ahora, cuentan que de forma arbitraria la empresa les revocó el acuerdo, alegando algunos supuestos incumplimientos, como contaminación de arroyos y otros, por los cuales fueron imputados por la fiscalía.
Aseguró que el gerente de la empresa, Rubén Aguilera, junto con otros políticos de la zona, hizo lobby para que la comisión directiva les revoque el contrato, con el objetivo de meter a su gente a la mina que ellos cavaron. Indicó que cuentan con dos canteras con más de 20 metros de profundidad, que les costaron más de G. 4.000 millones de inversión. “Ahora, que estamos a punto de llegar al oro, nos quieren sacar para adueñarse de la cantera que construimos nosotros”, denunció Abraham Almada.
Los obreros dieron un plazo hasta fin de año a los directivos de Lampa S.A. para que revean su postura y solucionen el conflicto; caso contrario, anunciaron una mayor movilización e inclusive amenazaron con cerrar la empresa y no permitirán trabajar a ningún minero.
Lampa niega injerencia
Por su parte, el gerente de Lampa S.A., Rubén Aguilera, negó categóricamente tener injerencia en la rescisión del contrato y explicó que los directivos optaron por revocarle el acuerdo por varios incumplimientos. Por ejemplo: no presentaron ningún informe trimestral sobre los trabajos tanto para el Ministerio del Ambiente como para el Viceministerio de Minas y Energías, “razón por la cual estábamos sujetos a una demanda y a quien iban demandar era a Lampa S.A. y no a la Coordinadora, porque la concesión tenemos nosotros y no ellos”, comentó.
Señaló que otras de las razones por las cuales optaron por revocar el contrato fue que la Coordinadora alegó que aglutinaba a más de 5.000 personas en más de 100 asociaciones. Sin embargo, eran solo unos cuantos cabecillas los que se beneficiaban. Aseguró que “de las personas que participaron de la movilización, no todos eran mineros. Había gente de otros distritos que nada tenía que ver con la minería e inclusive se pudo notar la presencia de los hermanos indígenas”, expresó.
Recordó que tanto Almada como su gente fueron imputados por invasión de inmueble, coacción y por otros delitos ambientales y finalizó anunciando que presentarán una denuncia formal en contra de la Coordinadora en caso de que quieran impedir el funcionamiento de la empresa.