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La fiscala fue acusada por negarse a solicitar datos de extractos de llamadas para conocer quién ordenó al excomandante de Policía Críspulo Sotelo a atropellar la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una de las incógnitas que siguen sin resolverse en torno a los sucesos del 31 de marzo.
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La fiscala acusadora, María de la Cruz Zacarías, solicitó al órgano aplicar una de las sanciones previstas para la fiscala Fernández y el juez penal de garantías Alcides Corbeta, también implicado en la negativa a requerir los datos.
De acuerdo a sus alegatos, los indicios de mal desempeño de funciones de ambos “fueron corroborados durante el transcurso del enjuiciamiento, máxime cuando no pudieron rebatir los hechos que les fueron atribuidos”, por lo que solicitó que sean removidos o apercibidos.
Al juez Corbeta se le sindica no haber controlado las investigaciones del Ministerio Público ni tampoco dar curso al pedido de la querella para realizar las extracciones de datos.